El presidente del Congreso local, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, presentó por medio de Oficialía de Partes iniciativa para castigar con 2 meses a 3 años de prisión, así como una multa que va de diez a las 100 unidades de medida actualizada (UMA), a quien haga llamadas de broma a los números de emergencia. Se trata de una reforma al artículo 320 bis al Código Penal del Estado para castigar con medida de prisión este tipo de actos.
Dicho artículo establece que, “Comete el delito de uso indebido de los sistemas de emergencia y se impondrá de 3 meses a 2 años de prisión y multa de diez a cien días del valor de la unidad de medida y actualización vigente, a la persona que de forma dolosa, por cualquier medio reporte hechos falsos a instituciones públicas que presten servicios de emergencia, protección civil, bomberos o seguridad pública y que haga necesaria la movilización y presencia de elementos de dicha institución.
En caso de reincidencia se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de 500 a mil días del valor de la unidad de medida y actualización vigente”. En su exposición de motivos, Corona Bolaños Cacho argumentó “que las llamadas de reportes falsos son hechos que afectan la operatividad de las instituciones que atienden los incidentes y no sólo se desperdician importantes recursos públicos, sino que se pone en riesgo a otras personas que verdaderamente enfrentan una emergencia en la que se encuentra en peligro su patrimonio, integridad o su vida”.
Aseveró que en algunos Estados del país como Coahuila, Colima, Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla, entre otros, se ha legislado respecto a las llamadas falsas o de broma, tipificándolas como delitos. En Baja California, en el transcurso del 2017, se realizaron cerca de 6 millones 365 mil 720 llamadas a los números de emergencia, ubicando al Estado en el quinto lugar nacional con el mayor número de llamadas improcedentes después de Querétaro, Nuevo León, Colima y Aguascalientes.
