/ domingo 4 de agosto de 2019

Por antiguos, imposible importar 95% de “chocolates”

La gran mayoría de ese tipo de autos registrados en el ejercicio de identificación vehicular  no es apta para legalizar su estancia en el Estado

De acuerdo con los esquemas aduanales actuales, 95% de los vehículos sin placas que se registraron en el padrón que elaboró hace unos meses el Gobierno del Estado no podría importarse para circular legalmente en Baja California.

Entre el 19 de marzo y el 31 de mayo la administración estatal llevó a cabo el “Diagnóstico de Autos Irregulares” en busca de identificar y contabilizar a este tipo de unidades en los cinco Municipios.

El ejercicio cerró con poco más de 104 mil automotores registrados sin placas oficiales.

Nolberto González Grajeda, director de Ingresos en el Estado, indicó que la información

obtenida en dicho diagnóstico permitió identificar características sobre este fenómeno, por ejemplo que la mayoría de los propietarios de estas unidades es asalariada y hasta 95% de dichos carros no sería aprobado para un proceso de importación.

Nolberto González Grajeda reconoce que la importación de vehículos es un tema federal / ARCHIVO

Son vehículos que con las actuales reglas de importación no se pueden internar de manera legal ya sea por el año, modelo o el país de origen; no es porque la gente no los quiera importar, sino que las reglas no les permiten, aunque sí están internados en el país.

Externó que los datos del “Diagnóstico de Autos Irregulares” se entregaron hace unas semanas a las autoridades del Gobierno federal, único facultado para atender lo relacionado con la importación de vehículos.

ALTERNATIVAS

González Grajeda consideró que una política pública en materia de regularización vehicular no debe atender exclusivamente la emisión de un decreto que permita legalizar los carros que ya circulan, sino deben revisarse los esquemas actuales para la importación.

Otro aspecto necesario es otorgar facultades a los Estados y Municipios para atender el problema en el que se convierte la circulación de unidades sin registro oficial.

Actualmente las facultades se fijan en el anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa y es un proceso muy complejo que puede llevar hasta dos años el término de la resolución de un vehículo, complicado para las autoridades locales poder colaborar.


De acuerdo con los esquemas aduanales actuales, 95% de los vehículos sin placas que se registraron en el padrón que elaboró hace unos meses el Gobierno del Estado no podría importarse para circular legalmente en Baja California.

Entre el 19 de marzo y el 31 de mayo la administración estatal llevó a cabo el “Diagnóstico de Autos Irregulares” en busca de identificar y contabilizar a este tipo de unidades en los cinco Municipios.

El ejercicio cerró con poco más de 104 mil automotores registrados sin placas oficiales.

Nolberto González Grajeda, director de Ingresos en el Estado, indicó que la información

obtenida en dicho diagnóstico permitió identificar características sobre este fenómeno, por ejemplo que la mayoría de los propietarios de estas unidades es asalariada y hasta 95% de dichos carros no sería aprobado para un proceso de importación.

Nolberto González Grajeda reconoce que la importación de vehículos es un tema federal / ARCHIVO

Son vehículos que con las actuales reglas de importación no se pueden internar de manera legal ya sea por el año, modelo o el país de origen; no es porque la gente no los quiera importar, sino que las reglas no les permiten, aunque sí están internados en el país.

Externó que los datos del “Diagnóstico de Autos Irregulares” se entregaron hace unas semanas a las autoridades del Gobierno federal, único facultado para atender lo relacionado con la importación de vehículos.

ALTERNATIVAS

González Grajeda consideró que una política pública en materia de regularización vehicular no debe atender exclusivamente la emisión de un decreto que permita legalizar los carros que ya circulan, sino deben revisarse los esquemas actuales para la importación.

Otro aspecto necesario es otorgar facultades a los Estados y Municipios para atender el problema en el que se convierte la circulación de unidades sin registro oficial.

Actualmente las facultades se fijan en el anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa y es un proceso muy complejo que puede llevar hasta dos años el término de la resolución de un vehículo, complicado para las autoridades locales poder colaborar.


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