Ante el hartazgo de que no se tome en cuenta las opiniones de los bajacalifornianos en el manejo del recurso público, el economista Enrique Rovirosa Miramontes tomó la decisión de presentar un amparo ante la justicia federal en contra del endeudamiento que el congreso local le aprobó al gobernador Jaime Bonilla Valdez por 3 mil millones de pesos.
El pasado 21 de abril, la XXIII legislatura del estado aprobó una iniciativa presentada por Bonilla Valdez, para que pueda solicitar un crédito por hasta 3 mil millones de pesos, pagaderos a 20 años, con el fin de realizar obra pública.
El catedrático universitario y ex presidente del Colegio de Economistas de Mexicali, explicó que ha presentado el instrumento jurídico a efectos que el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California se abstenga de celebrar los convenios o contratos de financiamiento por la citada cantidad.
Tal línea de crédito le fue autorizada por la XXIII Legislatura Estatal mediante el Decreto 226, expedido el pasado 21 de abril, sin embargo, no se especifican en este, los proyectos que financiará este crédito, siendo que Bonilla Valdez culmina su encargo el próximo 31 de octubre.
Rovirosa Miramontes comentó que con esto, se quiere evitar se afecten los ingresos y derechos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), hasta en tanto no se explique de manera clara y precisa el uso que se dará a los recursos materia del Decreto.
Expuso que es la primera vez que recurre a un acto jurídico de esta naturaleza, pero que decidió hacerlo ante el repetitivo abuso de poder en que han incurrido, tanto el Ejecutivo como la Legislatura Estatal.
Estas instancias antes mencionadas, se han caracterizado por hacer caso omiso de argumentos fundados en contra de aquello que transgrede el Estado de Derecho y afecta el buen desempeño de la economía.
“Estoy convencido que la mejor manera de resolver las diferencias entre autoridades y ciudadanos es el dialogo, pero cuando éstas se cierran e infringen nuestros derechos humanos, entonces debemos acudir a los tribunales”.
Lamentó el clima de autoritarismo que prevalece, pese a las promesas de cambio.
El economista destacó que su accionar no constituye un acto individual, sino se suma a otros esfuerzos que realizan diferentes grupos sociales en aras de frenar la corrupción y la impunidad que impera en México.
Agradeció la colaboración que le ha brindado el despacho de abogados mexicalense De la Peña Rivera e invitó a otras personas, así como organismos civiles, empresariales y políticos para que adopten este mecanismo de protección, siendo que la fecha de cierre para ello es el 10 de junio próximo.
Aprovechó también para hacer un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que haga lo conducente y, con ello, detenga los atropellos de las autoridades estatales contra los bajacalifornianos, ya que ésta debe adoptar un papel más activo.
Confía en que la justicia prevalecerá y, con ello, logre frenarse el pretendido incremento de la deuda pública estatal, mismo que no cumple el marco legal y tampoco responde a una debida rendición de cuentas, aseveró Rovirosa Miramontes.
