/ jueves 11 de agosto de 2022

Proceso contra ex funcionario de Kiko Vega-Bonilla

Al ex mandatario panista no lo incluyen entre los imputados por presunto abuso de autoridad

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió por 4 votos a favor y dos en contra, que el ex gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez regrese a su escaño al Senado, a la vez que 3 ex funcionarios del también ex mandatario estatal panista Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid comparecieron en audiencia por el presunto pago indebido de más de 1 mil 500 millones de pesos.

Ayer se realizó la sesión por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal en la que se revisaron los recursos 223 y 225/2022, en los que se analizan las impugnaciones a la resolución de la Sala Guadalajara del mismo Tribunal, en la que le retiró el escaño a Bonilla Valdez.

Los votos a favor del proyecto en el que se desecha la sentencia de la Sala Guadalajara y que el ex gobernador morenista regrese a su escaño, fueron por parte de los magistrados Indalfer Infante, Monica Aralí Soto Fregoso, Jose Luis Vargas Valdez y Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Los votos en contra fueron por parte de Felipe de la Mata Pizaña y de la presidenta del Tribunal por ministerio de ley, Janine Otálora Malassis.

El 5 de mayo, la Sala Guadalajara le retiró su escaño en el Senado a Bonilla Valdez haciendo alusión al Artículo 125 de la Constitución federal en el que se establece que “Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar”.

Bonilla Valdez ganó la elección para Senador en 2019, cargo que desempeñó por un par de meses para luego solicitar licencia y asumir como delegado federal en Baja California y después participar en el proceso electoral para gobernador, que también ganó y ocupar ese puesto del 1 de noviembre del 2019 al 31 de octubre del 2021.

Sin embargo, al terminar su cargo como gobernador y querer reincorporarse a su escaño en el Senado, su regreso fue impugnado por el dirigente estatal del PAN, Mario Osuna Jiménez, lo que le fue concedido por la Sala Guadalajara del Tribunal.

LIBRA AUDIENCIA

Bonilla Valdez estaba citado a comparecer el próximo lunes, sobre el caso de Next Energy, por el cual la actual administración estatal, también emanada de Morena, presentó una denuncia al considerar que se cometió fraude en contra del estado.

Con esta resolución, Bonilla Valdez, adquiere fuero constitucional y no tendrá que presentarse a declarar en la audiencia.

RESOLUCIÓN

El magistrado Indalfer Infante consideró que Osuna Jiménez no acreditó debidamente su calidad de dirigente estatal, que el asunto tratado no afecta la operación de su Partido y que se trató de una elección federal por lo que en todo caso quien debió haber presentado la impugnación es el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

La presidenta del Tribunal Electoral, Otálora Malassis, argumentó su voto en contra al señalar que se debe analizar de fondo lo establecido por el Artículo 125 constitucional para ver si existe alguna restricción para reincorporarse al Senado, después de haber concluido su periodo como gobernador.

La magistrada señaló que la Constitución respeta el derecho a elegir en este caso, el de ocupar el cargo de senador o el de gobernador, por lo que el morenista optó por la gubernatura.

También se trata de que ni un individuo ejerza dos cargos públicos a la vez de manera indefinida, señaló.

CASO “KIKISTAS”

Tres secretarios de Planeación y Finanzas de la administración del panista Vega de Lamadrid se encuentran en el banquillo de los acusados, imputados por abuso de autoridad, al ejercer pagos superiores a los 1 mil 500 millones de pesos, a empresas que no se encontraban en el padrón de proveedores del gobierno del estado, no haber participado en un proceso de licitación ni de adjudicación directa, entre los años 2014 al 2019.

La jueza Maria de Jesús Acosta, es quien lleva la audiencia inicial de formulación de imputación realizada ayer en contra de los 3 ex servidores públicos que prefirieron guardar silencio y que ni sus nombres ni imágenes sean publicados en los medios informativos.

La representación de la Fiscalía General del Estado, le explicó a los imputados que se ha iniciado una investigación en su contra.

Se trata del seguimiento a la denuncia presentada por el ex secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano el 19 de noviembre del 2019, en la que señala que el ex gobernador Vega de Lamadrid efectuó pagos con recursos del erario por servicios, bienes o adquisiciones no justificadas, por proveedores externos, los cuales están viciados por irregularidades y que no se encuentran soportadas por documentos.

También se encuentra la denuncia presentada el 22 de noviembre del 2019 por la ex diputada local de la XXIII Legislatura, Eva Gricelda Rodríguez, en la que fungía como presidenta de la Comisión de Fiscalización y que solicitó a la Auditoría Superior del Estado, la ampliación de la revisión a los años 2014 a 2017.

En esa labor más detallada se encontraron 273 operaciones que se realizaron con 100 empresas por un monto total de 1 mil 586 millones, 150 mil 299.14 pesos.

Según los representantes de la Fiscalía General del Estado, las empresas beneficiadas no se encontraban registrados en el padrón de proveedores del gobierno del estado, sin embargo testigos señalan en sus declaraciones que generalmente las solicitudes de pago venían acompañadas de la leyenda “por instrucciones de los titulares”, que regularmente se consideraban urgentes y de pago inmediato.

Por otra parte, el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, reveló que Vega de Lamadrid no forma parte de la lista de imputados en la carpeta de investigación que derivó en la comparecencia de tres ex funcionarios estatales por abuso de autoridad.

“Es un caso sólido contra quienes se señalan en este momento como imputados, desde luego que es una investigación que no concluye solamente por la celebración de la audiencia del día de hoy”.

De acuerdo a lo mencionado por el fiscal, se podría dar la vinculación de otra persona o servidor público, aunque esto depende de la forma en que se desarrolle el proceso legal de los tres imputados.

Con información de Andrea Jiménez

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió por 4 votos a favor y dos en contra, que el ex gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez regrese a su escaño al Senado, a la vez que 3 ex funcionarios del también ex mandatario estatal panista Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid comparecieron en audiencia por el presunto pago indebido de más de 1 mil 500 millones de pesos.

Ayer se realizó la sesión por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal en la que se revisaron los recursos 223 y 225/2022, en los que se analizan las impugnaciones a la resolución de la Sala Guadalajara del mismo Tribunal, en la que le retiró el escaño a Bonilla Valdez.

Los votos a favor del proyecto en el que se desecha la sentencia de la Sala Guadalajara y que el ex gobernador morenista regrese a su escaño, fueron por parte de los magistrados Indalfer Infante, Monica Aralí Soto Fregoso, Jose Luis Vargas Valdez y Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Los votos en contra fueron por parte de Felipe de la Mata Pizaña y de la presidenta del Tribunal por ministerio de ley, Janine Otálora Malassis.

El 5 de mayo, la Sala Guadalajara le retiró su escaño en el Senado a Bonilla Valdez haciendo alusión al Artículo 125 de la Constitución federal en el que se establece que “Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar”.

Bonilla Valdez ganó la elección para Senador en 2019, cargo que desempeñó por un par de meses para luego solicitar licencia y asumir como delegado federal en Baja California y después participar en el proceso electoral para gobernador, que también ganó y ocupar ese puesto del 1 de noviembre del 2019 al 31 de octubre del 2021.

Sin embargo, al terminar su cargo como gobernador y querer reincorporarse a su escaño en el Senado, su regreso fue impugnado por el dirigente estatal del PAN, Mario Osuna Jiménez, lo que le fue concedido por la Sala Guadalajara del Tribunal.

LIBRA AUDIENCIA

Bonilla Valdez estaba citado a comparecer el próximo lunes, sobre el caso de Next Energy, por el cual la actual administración estatal, también emanada de Morena, presentó una denuncia al considerar que se cometió fraude en contra del estado.

Con esta resolución, Bonilla Valdez, adquiere fuero constitucional y no tendrá que presentarse a declarar en la audiencia.

RESOLUCIÓN

El magistrado Indalfer Infante consideró que Osuna Jiménez no acreditó debidamente su calidad de dirigente estatal, que el asunto tratado no afecta la operación de su Partido y que se trató de una elección federal por lo que en todo caso quien debió haber presentado la impugnación es el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

La presidenta del Tribunal Electoral, Otálora Malassis, argumentó su voto en contra al señalar que se debe analizar de fondo lo establecido por el Artículo 125 constitucional para ver si existe alguna restricción para reincorporarse al Senado, después de haber concluido su periodo como gobernador.

La magistrada señaló que la Constitución respeta el derecho a elegir en este caso, el de ocupar el cargo de senador o el de gobernador, por lo que el morenista optó por la gubernatura.

También se trata de que ni un individuo ejerza dos cargos públicos a la vez de manera indefinida, señaló.

CASO “KIKISTAS”

Tres secretarios de Planeación y Finanzas de la administración del panista Vega de Lamadrid se encuentran en el banquillo de los acusados, imputados por abuso de autoridad, al ejercer pagos superiores a los 1 mil 500 millones de pesos, a empresas que no se encontraban en el padrón de proveedores del gobierno del estado, no haber participado en un proceso de licitación ni de adjudicación directa, entre los años 2014 al 2019.

La jueza Maria de Jesús Acosta, es quien lleva la audiencia inicial de formulación de imputación realizada ayer en contra de los 3 ex servidores públicos que prefirieron guardar silencio y que ni sus nombres ni imágenes sean publicados en los medios informativos.

La representación de la Fiscalía General del Estado, le explicó a los imputados que se ha iniciado una investigación en su contra.

Se trata del seguimiento a la denuncia presentada por el ex secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano el 19 de noviembre del 2019, en la que señala que el ex gobernador Vega de Lamadrid efectuó pagos con recursos del erario por servicios, bienes o adquisiciones no justificadas, por proveedores externos, los cuales están viciados por irregularidades y que no se encuentran soportadas por documentos.

También se encuentra la denuncia presentada el 22 de noviembre del 2019 por la ex diputada local de la XXIII Legislatura, Eva Gricelda Rodríguez, en la que fungía como presidenta de la Comisión de Fiscalización y que solicitó a la Auditoría Superior del Estado, la ampliación de la revisión a los años 2014 a 2017.

En esa labor más detallada se encontraron 273 operaciones que se realizaron con 100 empresas por un monto total de 1 mil 586 millones, 150 mil 299.14 pesos.

Según los representantes de la Fiscalía General del Estado, las empresas beneficiadas no se encontraban registrados en el padrón de proveedores del gobierno del estado, sin embargo testigos señalan en sus declaraciones que generalmente las solicitudes de pago venían acompañadas de la leyenda “por instrucciones de los titulares”, que regularmente se consideraban urgentes y de pago inmediato.

Por otra parte, el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, reveló que Vega de Lamadrid no forma parte de la lista de imputados en la carpeta de investigación que derivó en la comparecencia de tres ex funcionarios estatales por abuso de autoridad.

“Es un caso sólido contra quienes se señalan en este momento como imputados, desde luego que es una investigación que no concluye solamente por la celebración de la audiencia del día de hoy”.

De acuerdo a lo mencionado por el fiscal, se podría dar la vinculación de otra persona o servidor público, aunque esto depende de la forma en que se desarrolle el proceso legal de los tres imputados.

Con información de Andrea Jiménez

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