/ viernes 6 de marzo de 2020

Propone Senadora cárcel para funcionarios que cometan perjurio

Debido a que las mentiras de los servidores públicos en las comparecencias no se encuentran sancionadas, aunque estos juren decir la verdad

Las mentiras de los servidores públicos en las comparecencias no se encuentran sancionadas, aunque estos juren decir la verdad, por lo que la senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, propone hasta 7 años de cárcel, y hasta 150 días de multa.

La también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, subió a tribuna para presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI, y se adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal, en Materia de Falsedad de Declaraciones.



La legisladora mexicalense, mencionó que la verdad es uno de los derechos fundamentales no previsto debidamente en varios ordenamientos jurídicos.

“La mentira destruye la confianza, pero siempre la verdad, la fortalece, pasemos de los dichos a los hechos, recuerden compañeros, no robar, no mentir, no traicionar”.

Gina Cruz comentó que a pesar de la previsión de la protesta de decir verdad por parte de los servidores públicos en relación con los artículos 69 y 93 constitucionales, nuestro orden jurídico no sanciona la falsedad en la declaración.

No obstante, dijo, observamos una asimetría preocupante en nuestras leyes, ya que, para el caso de declaraciones de los particulares ante la autoridad, sí se sanciona la falsedad en el Código Penal Federal cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Por lo anterior, ha propuesto que se añada una fracción VII al Artículo 214 del Código Penal Federal:



VII. Comparezca ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o ante sus comisiones, con base en lo previsto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al rendir informe bajo protesta de decir verdad, incurra en falsedad de declaraciones.

Al infractor de las fracciones III, IV, V, VI y VII se le impondrán de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.

Las mentiras de los servidores públicos en las comparecencias no se encuentran sancionadas, aunque estos juren decir la verdad, por lo que la senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, propone hasta 7 años de cárcel, y hasta 150 días de multa.

La también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, subió a tribuna para presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI, y se adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal, en Materia de Falsedad de Declaraciones.



La legisladora mexicalense, mencionó que la verdad es uno de los derechos fundamentales no previsto debidamente en varios ordenamientos jurídicos.

“La mentira destruye la confianza, pero siempre la verdad, la fortalece, pasemos de los dichos a los hechos, recuerden compañeros, no robar, no mentir, no traicionar”.

Gina Cruz comentó que a pesar de la previsión de la protesta de decir verdad por parte de los servidores públicos en relación con los artículos 69 y 93 constitucionales, nuestro orden jurídico no sanciona la falsedad en la declaración.

No obstante, dijo, observamos una asimetría preocupante en nuestras leyes, ya que, para el caso de declaraciones de los particulares ante la autoridad, sí se sanciona la falsedad en el Código Penal Federal cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Por lo anterior, ha propuesto que se añada una fracción VII al Artículo 214 del Código Penal Federal:



VII. Comparezca ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o ante sus comisiones, con base en lo previsto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al rendir informe bajo protesta de decir verdad, incurra en falsedad de declaraciones.

Al infractor de las fracciones III, IV, V, VI y VII se le impondrán de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.

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