La Red de Periodistas de Mexicali presentó la propuesta para que la Secretaría General de Gobierno no encabece el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y se cree un órgano autónomo que lleve la batuta la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En el primer conversatorio con el poder ejecutivo, se puntualizó la necesidad de crear una ley estatal que regule el mecanismo y que perfeccione las fallas del mecanismo federal, así como mantener las mesas de trabajo con el poder legislativo.
Otras de las propuestas presentadas fue crear protocolos para definir las situaciones en riesgo, y modificar que el mecanismo requiera la mitad más uno de los miembros para sesionar, porque al ser mayoría las dependencias de gobierno, se corre riesgo de conflictos de interés como sucedió en el Sistema Estatal Anticorrupción donde no se conseguía quórum para sesionar.
Que se cree un semáforo de riesgos que permita determinar si se requiere elevar la protección, se propuso que el número de periodistas y defensores de derechos humanos que integren el consejo deben de tener voz y voto y contar con la misma representatividad de acuerdo al número de integrantes de autoridades de gobierno.
Analizar en la propuesta de ley la diferenciación de quienes pueden acceder al mecanismo de protección, basado en aquellos que su actividad preponderante sea el periodismo y el manejo de información, y que respeten las leyes y los límites de la libertad de expresión y el sistema de justicia penal.
“Porque cualquier periodista puede ser un youtuber o bloguero, pero no cualquier youtuber o bloguero es periodista”.
La propuesta fue presentada a título de los que integran la Red de Periodistas de Mexicali y secundada por periodistas como Dianeth Pérez, Rafael Torres, Jorge Heras, y se entregó ante Catalino Zavala Márquez, secretario general de gobierno Melba Olvera Rodríguez, subsecretaria de derechos humanos, entre otros funcionarios.
Los trabajos de conversatorios continuarán el jueves en Ensenada, para posteriormente se integren al congreso del estado donde trabajarán la ley, y donde la gobernadora del estado envió una propuesta inicial.
Los ajustes surgieron a raíz de confirmar el propio poder ejecutivo que el mecanismo de protección a periodistas falló al tener en sus protocolos de seguridad a la periodistas Lourdes Maldonado que fue asesinada en Tijuana, así como el homicidio del fotoperiodistas Margarito Martínez.
