Organismos del sector empresarial de Mexicali se manifestaron en contra de que se incremente la tasa del Impuesto Sobre Nómina y el costo del agua potable, como lo plantea el Gobierno del Estado, para sustentar el proyecto de una desaladora en Zona Costa.
Lo anterior se proyecta en la futura Ley de Ingresos de Baja California 2019 que ha sido presentada en el Congreso del Estado.
El presidente de la Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada, expresó que mientras las empresas buscan ser más competitivas y viene un impulso de la federación al reducir el IVA y el ISR, el Estado planea subir los gravámenes.
Aseguró que no se debe dar un alza en el costo del agua en Mexicali, menos para crear una obra tan ostentosa en otra ciudad, cuando aquí hay necesidades precisas.
Y que la desaladora que se planea es desproporcionada, pues se tiene un proyecto con una capacidad de 4.4 litros por segundo, cuando la necesidad es de .5 litros por segundo.
Eugenio Lagarde Amaya, presidente de la Canacintra Mexicali, manifestó su total rechazo, considerando que dichas iniciativas van en detrimento de la economía y le restan competitividad a la industria.
“Necesitamos hoy más que nunca certidumbre para que el 2019 sea un año que nos permita mantener y acrecentar la planta productiva”.
La deuda pública
Rodrigo Llantada agregó que está administración estatal es la que más ingresos ha tenido, pero también más problemas financieros; además, que no es con impuestos como se debe garantizar la obra pública.
De acuerdo a datos del Observatorio Ciudadano de Baja California, los ingresos totales del Gobierno del Estado se incrementaron por 14 mil 672 millones de pesos comparando el cierre del 2013 al cierre de 2017.
Sin embargo, la deuda pública creció también, de 12 mil 623 millones de pesos registrada en 2013, para 2017 el pasivo fue de 22 mil 608 millones de pesos.
Además, el Gobierno del Estado ha cerrado con números rojos cada año, gastando más de lo que ingresa, por ejemplo, en 2017 su déficit acumulado fue de 5 mil 834 millones de pesos.
