Para tener certeza sobre el uso que tienen los recursos, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ordenó cambiar las reglas de operación del Fideicomiso Empresarial del Estado (Fidem), asegurando que ahora tendrá un fin más social por lo que dejarán de entregarse a las cámaras empresariales.
El Fidem se creó hace 21 años y establece que el gobierno devuelva al sector empresarial el 5% de los impuestos por remuneraciones al trabajo personal para que con esto se apoye a las áreas de seguridad y educación además de fortalecer los consejos de Desarrollo Económico.
La Gobernadora puso en duda los proyectos supuestamente financiados por el Fidem justificando la necesidad de dispersar el recurso de una manera distinta para que los resultados sean tangibles.
“Cambian las reglas para que esos recursos sí se vean reflejados en el desarrollo económico del Estado y no únicamente en proyectos que se van a las cámaras empresariales, queda ahí el proyecto pero nunca lo ves ejecutado”.
La orden de Ávila Olmeda es que los recursos del Fidem se conviertan en créditos para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) así como para mujeres y jóvenes emprendedores.
“Esos millones y millones de pesos no se van a ir a un grupo empresarial; bancos de proyectos ya tenemos y ahí están”.
Las nuevas reglas de operación del Fidem ya han sido planteadas al sector empresarial y han tenido buena aceptación, afirmó la mandataria estatal.
“Quizá haya quienes no estén tan de acuerdo por diversos motivos, yo sí considero que es mejor utilizar esos recursos no para la generación de más proyectos sino de empleos y empresas”, declaró Ávila Olmeda.
Según consta en el contrato de Fideicomiso Público de Administración denominado Fidem, los recursos deben distribuirse en un 10% para la seguridad pública, otro 10% para la participación social en la Educación y un 80% en el fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo Económico de cada municipio.
Fue el 7 de septiembre del 2000 cuando el gobierno estatal firmó ese contrato con Bancomer y estableció que el 40% de lo destinado el fortalecimiento de los consejos se repartiría en partes iguales entre los entonces cinco municipios de Baja California y el restante 60% se prorrateara de acuerdo a lo recabado en cada uno de ellos.
