El congreso del estado redujo en un 50 % el financiamiento público a los partidos políticos para la próxima elección local a realizarse en el 2021, esto, por 21 votos a favor, 1 en contra y una abstención.
En la sesión virtual del congreso local realizada la tarde de este miércoles, se presentó el dictamen 52 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII Legislatura, que preside el por ahora diputado morenista Juan Manuel Molina García, referente a la reforma a los Artículos 42 y 43 de la Ley de Partidos Políticos.
Al inicio de la sesión causó controversia la ausencia del citado dictamen en el orden del día, por lo que ante la negativa del presidente del congreso, Julio César Vásquez Castillo, debido a que La Junta de Coordinación Política (Jucopo) no había acordado incluirlo, Molina García insistió.
Lo anterior, debido a que el 5 de septiembre es el último día para realizar reformas a las leyes electorales local, ya que la ley marca que estas deben darse a más tardar 90 días antes de que inicie el proceso electoral.
Después de un receso de cerca de una hora, finalmente el dictamen 52 fue incluido en el orden del día después de una votación, y someter a consideración del pleno, la iniciativa del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Es así que la reforma replantea la fórmula en la que se define el monto total a entregar a los partidos políticos, que originalmente era el resultado de la multiplicación del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local, con corte al mes de julio, por el 65 % de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Con la reforma, se multiplica el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con corte al mes de julio, se multiplica por solo el 30 % de la UMA, lo que significa una reducción de poco más de 50 %.
El 30 % de lo obtenido se reparte entre los partidos políticos de forma igualitaria, y el 70 % restante, el equivalente al número de votos que hayan obtenido en la elección a diputados locales anterior.
En su exposición de motivos se refiere a que desde el año 2015 al 2020, la administración estatal ha entregado 937 millones, 881 mil 421.90 pesos, que es un gasto que no se puede sostener.
Se considera oportuno en este momento buscar alternativas que permitan hacer eficiente el gasto público en materia electoral, bajo este principio de austeridad; por tanto, es propuesta de mi Gobierno redefinir el financiamiento público de los partidos políticos nacionales en nuestra Entidad
En tal sentido, el escenario económico regional que actualmente vivimos y acentuado por el origen de la pandemia mundial Covid-19, exige que el Gobierno de Baja California tome una serie de medidas para hacer frente al plano financiero, lo que implica promover modificaciones a la legislación estatal
Tanto Elí Topete de Movimiento Ciudadano, como Gerardo López del PRD, manifestaron que el financiamiento público a los partidos políticos debe ser eliminado.
