/ viernes 28 de junio de 2019

Resuelven cuatro casos de tortura

En nueve ocasiones se señala a la PGJE; en otras nueve, a la SSPM

En este 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDH) ha abierto 29 investigaciones, por igual número de quejas, en donde una o varias personas alegan haber sido víctimas de tortura por alguna autoridad.

El presidente interino de la CEDH, Carlos Rafael Flores Domínguez, detalló que a la fecha se han resuelto cuatro quejas donde existió tortura hacia una o varias víctimas, por lo que se han emitido recomendaciones para solicitar la reparación integral a las víctimas por los daños causados.

Las recomendaciones fueron dirigidas a la Policía Estatal Preventiva (PEP), Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), y una a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). También hay recomendación conjunta a la SSPM y a la PGJE.



Asimismo, el presidente interino señaló que durante el año 2017 se abrieron 26 investigaciones y en 2018 casi se duplicó la cifra de quejas, con 48 investigaciones. Siendo la PGJE la autoridad mayormente señalada desde el 2017 hasta junio de 2019.

Cuando se presume que existió un trato indigno, degradante o tortura hacia una o varias personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabaja bajo el Protocolo de Estambul, que refiere una intervención de peritos médicos, psicólogos y abogados.

En el resto de las 103 quejas del año 2017 a la fecha, el presidente interino manifestó que sí se han resuelto otras en donde se ha acreditado que no existió tortura, pero sí otras violaciones a los derechos humanos, por lo que se les ha dado continuidad.



La tortura será considerada cuando ocurra todo acto por el cual se infringe intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos, ya se físicos o mentales, con el fin de obtener de ellos o de un tercero información o una confesión, de castigar un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a una persona o a otras por cualquier razón basada de cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infringidos por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la Convención sobre la tortura, y otros tratos inhumanos o degradantes.

En este 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDH) ha abierto 29 investigaciones, por igual número de quejas, en donde una o varias personas alegan haber sido víctimas de tortura por alguna autoridad.

El presidente interino de la CEDH, Carlos Rafael Flores Domínguez, detalló que a la fecha se han resuelto cuatro quejas donde existió tortura hacia una o varias víctimas, por lo que se han emitido recomendaciones para solicitar la reparación integral a las víctimas por los daños causados.

Las recomendaciones fueron dirigidas a la Policía Estatal Preventiva (PEP), Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), y una a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). También hay recomendación conjunta a la SSPM y a la PGJE.



Asimismo, el presidente interino señaló que durante el año 2017 se abrieron 26 investigaciones y en 2018 casi se duplicó la cifra de quejas, con 48 investigaciones. Siendo la PGJE la autoridad mayormente señalada desde el 2017 hasta junio de 2019.

Cuando se presume que existió un trato indigno, degradante o tortura hacia una o varias personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabaja bajo el Protocolo de Estambul, que refiere una intervención de peritos médicos, psicólogos y abogados.

En el resto de las 103 quejas del año 2017 a la fecha, el presidente interino manifestó que sí se han resuelto otras en donde se ha acreditado que no existió tortura, pero sí otras violaciones a los derechos humanos, por lo que se les ha dado continuidad.



La tortura será considerada cuando ocurra todo acto por el cual se infringe intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos, ya se físicos o mentales, con el fin de obtener de ellos o de un tercero información o una confesión, de castigar un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a una persona o a otras por cualquier razón basada de cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infringidos por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la Convención sobre la tortura, y otros tratos inhumanos o degradantes.

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