El gobierno del Estado anuló el acuerdo de seguridad personal a cargo del erario por un año, que se auto asignó el ex secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano e incluyó en el beneficio al ex comisionado del Sistema Penitenciario Estatal, Jesús Núñez Camacho.
Con información confirmada desde la Secretaría General de Gobierno, se precisó que en total tenían 8 agentes del Sistema Penitenciario asignados, 4 para cada uno de los ex funcionarios antes mencionados.
A partir del viernes, ya no cuentan con dicha seguridad, que eran elementos del Sistema Penitenciario y pagados con recursos del erario.
ARGUMENTO PREVIO
Como fue informado el miércoles por LA VOZ DE LA FRONTERA, en el Periódico Oficial del Estado estaba publicado el acuerdo donde se auto aprobó a Rodríguez Lozano, en su carácter de presidente de la junta de gobierno de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario en Baja California, la seguridad personal.
El 27 de octubre se publicó el acuerdo donde se argumentaba que cerca de 30 elementos de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria estarían destinados a la seguridad personal para ambos ex funcionarios, incluyendo a sus familias y donde a la letra se especifica que serían a costo del presupuesto de egresos de la autoridad penitenciaria.
Estarían asignados 3 elementos para cada uno por turno, donde no se puntualiza si son turnos de 8 o 12 horas y en caso de ser turnos de 8 horas, entre ambos tendrían a 18 agentes asignados por día, además se especifica que al cónyuge e hijos también se les asignará 2 elementos por turno.
Rodríguez Lozano también se auto autorizó que se les asignen dos vehículos a cada uno de los ex servidores públicos y cuyos gastos de combustible y mantenimiento serían a cargo del presupuesto de la autoridad penitenciaria.
El auto beneficio está plasmado para que fuera por un tiempo mínimo de un año,
pero con la facultad de la autoridad penitenciaria de incrementar el número de
elementos de seguridad personal, autos, armamento, radios y demás recursos materiales y financieros si considera necesario elevar la protección de los ex funcionarios.
La justificación el ex secretario era miedo y temor a posibles represalias de personas internas por delitos vinculados a organizaciones criminales al terminar el cargo, por lo que se considera persona vulnerable, junto con el comisionado y sus familias.
