/ miércoles 16 de septiembre de 2020

Sancionan a gasolineras de Mexicali y Tijuana por prácticas monopólicas

Mantuvieron precios máximos, afectando a consumidores al no aplicar el estímulo fiscal

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aplicó sanciones que suman los 51 millones de pesos a gasolineras de Baja California que acordaron mantener los precios de las gasolinas en el precio máximo determinado por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las empresas señaladas, fueron las que pertenecen a los grupos de interés económico Gasmart, Rendichicas, Appro, Magigas, Eco y las sociedades Colorado, Florido, Becktrop, Ravello, Dagal y Cargas.

También se sancionó a 11 personas físicas que actuaron en representación de esas empresas, las cuales cometieron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la comercialización de gasolinas en Mexicali y Tijuana.

El pleno de la Cofece también concluyó que Onexpo Baja, la Asociación de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT), la Asociación de Gasolineros de Mexicali (Onexpo Mexicali) y cuatro personas físicas incurrieron en el ilícito de haber coadyuvado, propiciado o inducido esas conductas anticompetitivas.

La Cofece recordó que como medida previa a la liberalización de los precios de las gasolinas, la SHCP anunció que desde enero de 2015 entrarían en vigor precios máximos de venta al público.

A partir de esa nueva determinación, los expendedores podían ofrecer de manera independiente, precios menores al máximo para ganar la preferencia de los consumidores.

En el caso de Mexicali, a principios del 2017, ciertas empresas sostuvieron una serie de reuniones e intercambios de correo electrónico y mensajes por Whatsapp, encaminadas a mantener el precio máximo determinado por la SCHP y no aplicar el estímulo fiscal en el precio de las gasolinas que se había previsto para la zona de la frontera norte del país.

Dicha conducta también fue realizada con la coadyuvancia de la Onexpo Mexicali y la APEGT.

La aplicación de este estímulo constituía una opción para los gasolineros que permitía beneficiar al consumidor a través de descuentos, por lo que el acuerdo coordinado para no aplicarlo perjudicó precisamente a los consumidores.

Esto generó que los precios de la gasolina en Mexicali se mantuvieran en el precio máximo desde enero hasta inicios de marzo de 2017

Se informó que la estimación de sobreprecios a las gasolinas provocados por las conductas anticompetitivas fue de al menos 10 centavos por litro en Tijuana y de hasta 60 centavos por litro en Mexicali, lo que generó un daño al mercado calculado en 27 millones 431 mil pesos.

La Cofece consideró que las conductas sancionadas fueron graves al haber sido intencionales, además de generar una afectación directa a los consumidores que utilizan vehículos automotores y a otros sectores que utilizan este bien como insumo, como el transporte público y de mercancías.

La comisión indicó que una vez resuelto el asunto y notificadas las partes, los agentes económicos sancionados tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Cofece al aplicar dichas sanciones.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aplicó sanciones que suman los 51 millones de pesos a gasolineras de Baja California que acordaron mantener los precios de las gasolinas en el precio máximo determinado por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las empresas señaladas, fueron las que pertenecen a los grupos de interés económico Gasmart, Rendichicas, Appro, Magigas, Eco y las sociedades Colorado, Florido, Becktrop, Ravello, Dagal y Cargas.

También se sancionó a 11 personas físicas que actuaron en representación de esas empresas, las cuales cometieron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la comercialización de gasolinas en Mexicali y Tijuana.

El pleno de la Cofece también concluyó que Onexpo Baja, la Asociación de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT), la Asociación de Gasolineros de Mexicali (Onexpo Mexicali) y cuatro personas físicas incurrieron en el ilícito de haber coadyuvado, propiciado o inducido esas conductas anticompetitivas.

La Cofece recordó que como medida previa a la liberalización de los precios de las gasolinas, la SHCP anunció que desde enero de 2015 entrarían en vigor precios máximos de venta al público.

A partir de esa nueva determinación, los expendedores podían ofrecer de manera independiente, precios menores al máximo para ganar la preferencia de los consumidores.

En el caso de Mexicali, a principios del 2017, ciertas empresas sostuvieron una serie de reuniones e intercambios de correo electrónico y mensajes por Whatsapp, encaminadas a mantener el precio máximo determinado por la SCHP y no aplicar el estímulo fiscal en el precio de las gasolinas que se había previsto para la zona de la frontera norte del país.

Dicha conducta también fue realizada con la coadyuvancia de la Onexpo Mexicali y la APEGT.

La aplicación de este estímulo constituía una opción para los gasolineros que permitía beneficiar al consumidor a través de descuentos, por lo que el acuerdo coordinado para no aplicarlo perjudicó precisamente a los consumidores.

Esto generó que los precios de la gasolina en Mexicali se mantuvieran en el precio máximo desde enero hasta inicios de marzo de 2017

Se informó que la estimación de sobreprecios a las gasolinas provocados por las conductas anticompetitivas fue de al menos 10 centavos por litro en Tijuana y de hasta 60 centavos por litro en Mexicali, lo que generó un daño al mercado calculado en 27 millones 431 mil pesos.

La Cofece consideró que las conductas sancionadas fueron graves al haber sido intencionales, además de generar una afectación directa a los consumidores que utilizan vehículos automotores y a otros sectores que utilizan este bien como insumo, como el transporte público y de mercancías.

La comisión indicó que una vez resuelto el asunto y notificadas las partes, los agentes económicos sancionados tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Cofece al aplicar dichas sanciones.

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