La aprobación de una licencia temporal para la ex alcaldesa, Marina del Pilar Ávila Ojeda, la cual debió ser definitiva como la de los regidores municipales, quienes a sus suplentes no se les tomó protesta junto con la presidenta municipal Guadalupe Mora Quiñonez, son acciones que contradice la ley y es violatoria contra la norma del Ayuntamiento de Mexicali.
En rueda de prensa, Héctor Ibarra Calvo, regidor del Partidos Acción Nacional (PAN) y su compañero edil, Fernando Rosales Figueroa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mencionaron que la pasada sesión del Congreso efectuada el 6 de marzo, se violentó la ley, en una parte al no darle el mismo trato a la licencia que solicitó Ávila Olmeda como a los regidores, Janeth Tapia, Sergio Tamai y Diego Echevarría, pues la misma, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Baja California, establece que las ausencias por más de 30 días serán definitivas, y no temporales.
“En la sesión del pasado 6 de marzo tomo una regla diferenciada, independientemente que aprobó una licencia provisional contrariando lo que establece el artículo 42 que es una ausencia definitiva en términos que ellos mismos aprobaron (los diputados)”, precisó Ibarra Calvo.
Asimismo, señaló que como otras de las contrariedades y que viene a perjudicar directamente al XXXIII Ayuntamiento, es que no se les tomó protesta a los regidores suplentes en la misma sesión donde Guadalupe Mora tomó posesión de la alcaldía, lo que también transgrede la ley y deja sin 3 ediles municipales al Cabildo local, así como le entrega la facultad al Cabildo de rendirles protesta, lo cual es obligación del Congreso del Estado.
La regidora del Partido de Baja California (PBC), Luz Elena Fonseca, también entregó su solicitud de licencia, sin embargo, no fue tomada en cuenta por los legisladores.
“Donde nos está generando un riesgo altísimo en la gobernabilidad, en la estabilidad y en la validez de los actos del Ayuntamiento es que aplican una regla diferenciada al tema de la protesta, a ellos se les debió tomar protesta también el mismo sábado 6 de marzo y en el término de estas licencias, reenvían al Cabildo para que sea este órgano el que tome protesta, esto, en términos del artículo 42 es un acto discrecional y un acto que puede generar un riesgo jurídico y constitucional”.
