El índice de Estado de Derecho en Baja California se ha demeritado en los últimos tres años pasando del séptimo al vigésimo sexto lugar nacional, de acuerdo con estudios especializados.
El más reciente es el emitido por el World Justice Project donde esta entidad aparece con un puntaje de 0.39 en relación al principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de las leyes que aplican de forma equitativa y en apego a los derechos humanos.
En este análisis, elaborado en base a las experiencias de juristas y otros profesionales, llama la atención que en ninguna entidad del país se logra un puntaje óptimo en la adhesión del Estado de Derecho.
Para el abogado Francisco Ballesteros Gallegos, especializado en derecho constitucional, lo que amerita especial atención respecto a Baja California es el retroceso que se ve en cuanto a puntaje y posición respecto a otras entidades del país.
“En el caso de Baja California es urgente poner atención en aquellos índices en los que a nivel nacional nos ubicamos por debajo del promedio, pero tampoco puede pasar inadvertido que ningún Estado alcanza el puntaje idóneo para considerar que se vive en un Estado de Derecho”.
Para esta medición se toman en cuenta diversos rubros y uno de ellos es el del debido proceso legal en el que la entidad tampoco logra un buen puntaje y esto puede relacionarse con abusos policiales, indicó Ballesteros Gallegos.
AÚN HAY MÁS
Otra calificación no aprobatoria para Baja California está en los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos donde se apuesta por la conciliación, mediación y negociación evitando juicios que se vuelven prolongados y costosos.
“Esto es preocupante porque la apuesta a nivel mundial es procurar la justicia alternativa, incluso recientemente se reformó el artículo 17 de la Constitución para ordenarnos procurar dichos mecanismos”.
Un punto favorable que tiene Baja California está en la justicia penal con un puntaje que lo sitúa a la mitad del promedio nacional.
El abogado constitucionalista considera que otro factor negativo para el cumplimiento del Estado de Derecho es la falta de contrapeso a las decisiones del gobierno y en este caso el ejemplo se da en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Cita como ejemplo las reformas aprobadas por los diputados en favor del Ejecutivo, como el reciente endeudamiento por 3 mil millones de pesos o los intentos de ampliación del mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
“Esto nos indica que actualmente existe una evidente subordinación del Legislativo al Ejecutivo”.
Ballesteros Gallegos dijo que la proyectada expropiación del Club Campestre de Tijuana, ordenada por el Gobernador podría servir como ejemplo del porqué Baja California tampoco logra aprobar en materia del debido proceso legal.
