La ley estatal de movilidad promovida por la administración estatal pasada, era recaudatoria y criminaliza la autoridad, por lo que esperan que esta legislación se adapte a la federal que establece que los permisos que otorgue el gobierno federal, deberán ser reconocidos por estados y municipios.
Lo anterior lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), delegación Mexicali, Luciano Jiménez, durante la transmisión del programa Voz Informativa que conduce el director de LA VOZ DE LA FRONTERA, Aldo Pérez Angulo, y que se transmite por la 101.3 de FM.
El líder transportista comentó que había varios estados que promulgaron leyes para regular la movilidad, y bajo el amparo de esta, en realidad lo que los transportistas experimentaron fue solo recaudación, ya que el estado les empezó a cobrar permisos de los cuales ya tenían previa autorización por parte de una autoridad federal.
El asunto fue que las autoridades estatales no reconocieron los permisos otorgados por la federación, ya que alegaban que se trataba de un nivel de gobierno distinto.
La Ley General de Movilidad Vial, que es de orden federal, llega precisamente a poner orden a todos estos estados, particularmente a Baja California, que en la administración pasada tuvo un sesgo bastante grave para el sector transportista.
“No solamente se pretendió cobrar permisos, también se criminalizó la actividad transportista, hubo un hostigamiento de manera legislativa, pero de manera operativa no, hasta el día de hoy se encuentra publicado (en el Periódico Oficial del Estado), que es sujeto de privación de libertad la persona que opere un transporte sin un permiso”.
Sin embargo esta nueva ley general les beneficia, ya que establece que los permisos otorgados por la federación deben ser respetados por las autoridades estatales y municipales, lo que les ayuda a resolver estos problemas de sobre regulaciones, aseveró Luciano Jiménez.
