/ jueves 9 de diciembre de 2021

Sin justicia menores abusados sexual y físicamente; Fiscalía pide disculpas públicas

Un grupo de 18 niños y niñas sufrieron abusos físicos, verbales y sexuales por un maestro en una primaria de Tecate y nunca hubo justicia por omisiones de la autoridad

Por omisiones y negligencia de parte de ministerios públicos, agentes periciales e investigadores en el caso de 18 niños y niñas abusados física y sexualmente, por parte de un maestro en Tecate, donde no hubo justicia, ni judicialización del caso, la Fiscalía General del Estado emitió una disculpa pública.

Hiram Sánchez Zamora, Fiscal Central y quien se encuentra como encargado de despacho de la fiscalía, emitió la disculpa ayer en obediencia a la recomendación 7/2021 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Los hechos ocurrieron en una escuela primaria en el año 2016, donde niños y niñas de entre 9 y 12 años, sufrieron de parte del maestro Ramón “N” de un plantel educativo diversos maltratos como agresiones.

Las investigaciones concluyen que el docente les pegaba puntapiés, los humillaba públicamente, les decía “tontos, mensos, estúpidos y nacos”, los dejaba parados bajo el rayo del sol, como castigo, o encerrados bajo llave en el salón de clases, les introducía un bolígrafo en las orejas y les pegaba chicles en el cabello.

Además, los hacía jugar a las escondidas, al tiempo que les tocaba los senos, glúteos, pene y/o vagina a los estudiantes menores de edad.

El dictamen de la Comisión Estatal de Derechos Humanos remarca que la directora del plantel, Roberta “N”, quien al mismo tiempo era la inspectora de la zona escolar XX, tuvo conocimiento de los casos y omitió tomar acciones al respecto.

Aunque hubo denuncias desde marzo de 2016, en julio del 2017 las autoridades dejaron de investigar el caso, estando al frente Valentina “N” de la Unidad de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia de la entonces llamada Procuraduría General de Justicia del Estado.

Rosa Zepeda Zárate, madre de una de las niñas afectadas, comentó que denunció y confiaba en que habría justicia, aunque el caso permaneció impune desde el año 2016.

Rosa Zepeda Zárate, madre de una de las niñas afectadas

Rosa Zepeda Zárate, madre de una de las niñas afectadas | Captura de pantalla

“Confiemos en que la autoridad sí pueda hacer justicia, no quiero que a nadie más les hagan daño y aunque no sea estudiada y seamos humildes, yo doy mi vida por ellos -los niños y niñas afectados-”, declaró.

“No solo es encontrar la verdad, sino la reparación integral del daño y que esto no vuelva a suceder; las instituciones fallamos y esto es algo que estamos reconociendo”, expresó Miguel Ángel Mora Marrufo, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Puntualizó que falló el estado mexicano, porque no hubo justicia pronta y expedita, además de que deben de ofrecer atención física, psicológica, psiquiátrica y económica a los menores, para que sea integral.

Sánchez Zamora, además de emitir las disculpas públicas, reconoció que como autoridades, asumen la responsabilidad por falta de acciones y omisiones, así como por violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas que deben vivir libres de violencia.

“Hubo omisiones y negligencias y faltó una buena judicialización; se deben de crear políticas públicas que respeten a las víctimas y familiares'', finalizó.

Por omisiones y negligencia de parte de ministerios públicos, agentes periciales e investigadores en el caso de 18 niños y niñas abusados física y sexualmente, por parte de un maestro en Tecate, donde no hubo justicia, ni judicialización del caso, la Fiscalía General del Estado emitió una disculpa pública.

Hiram Sánchez Zamora, Fiscal Central y quien se encuentra como encargado de despacho de la fiscalía, emitió la disculpa ayer en obediencia a la recomendación 7/2021 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Los hechos ocurrieron en una escuela primaria en el año 2016, donde niños y niñas de entre 9 y 12 años, sufrieron de parte del maestro Ramón “N” de un plantel educativo diversos maltratos como agresiones.

Las investigaciones concluyen que el docente les pegaba puntapiés, los humillaba públicamente, les decía “tontos, mensos, estúpidos y nacos”, los dejaba parados bajo el rayo del sol, como castigo, o encerrados bajo llave en el salón de clases, les introducía un bolígrafo en las orejas y les pegaba chicles en el cabello.

Además, los hacía jugar a las escondidas, al tiempo que les tocaba los senos, glúteos, pene y/o vagina a los estudiantes menores de edad.

El dictamen de la Comisión Estatal de Derechos Humanos remarca que la directora del plantel, Roberta “N”, quien al mismo tiempo era la inspectora de la zona escolar XX, tuvo conocimiento de los casos y omitió tomar acciones al respecto.

Aunque hubo denuncias desde marzo de 2016, en julio del 2017 las autoridades dejaron de investigar el caso, estando al frente Valentina “N” de la Unidad de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia de la entonces llamada Procuraduría General de Justicia del Estado.

Rosa Zepeda Zárate, madre de una de las niñas afectadas, comentó que denunció y confiaba en que habría justicia, aunque el caso permaneció impune desde el año 2016.

Rosa Zepeda Zárate, madre de una de las niñas afectadas

Rosa Zepeda Zárate, madre de una de las niñas afectadas | Captura de pantalla

“Confiemos en que la autoridad sí pueda hacer justicia, no quiero que a nadie más les hagan daño y aunque no sea estudiada y seamos humildes, yo doy mi vida por ellos -los niños y niñas afectados-”, declaró.

“No solo es encontrar la verdad, sino la reparación integral del daño y que esto no vuelva a suceder; las instituciones fallamos y esto es algo que estamos reconociendo”, expresó Miguel Ángel Mora Marrufo, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Puntualizó que falló el estado mexicano, porque no hubo justicia pronta y expedita, además de que deben de ofrecer atención física, psicológica, psiquiátrica y económica a los menores, para que sea integral.

Sánchez Zamora, además de emitir las disculpas públicas, reconoció que como autoridades, asumen la responsabilidad por falta de acciones y omisiones, así como por violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas que deben vivir libres de violencia.

“Hubo omisiones y negligencias y faltó una buena judicialización; se deben de crear políticas públicas que respeten a las víctimas y familiares'', finalizó.

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