A iniciativa del diputado local, Juan Diego Echevarría Ibarra, el congreso del estado solicitará a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que particulares puedan participar en las auditorías a la empresa Fisamex.
La citada empresa fue contratada por la administración de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021), con el fin de auditar a las empresas para los cobros por consumo de agua, de lo cual se le pagaba el 20 % del monto recuperado, lo que provocó gran molestia en el sector empresarial, y en los que algunos se ampararon.
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Por lo anterior, el legislador por el PAN, presentó una iniciativa por la cual se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que en el ámbito de su competencia, determine la pertinencia y factibilidad jurídica de realizar auditoría especializada sin costo para la administración estatal.
Lo anterior, a través de organismos de la sociedad civil, colegios o asociaciones de profesionistas, u observatorios ciudadanos, respecto de las inspecciones, dictámenes, cobros, ingresos y egresos de recursos públicos.
Echevarría Ibarra señaló que esto es con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado entre la persona moral ROMAFAM, S.A. de C.V. (conocida como FISAMEX), y la administración pública estatal, en favor y por cuenta de los organismos operadores del agua del Estado.
El panista agradeció el apoyo que obtuvo el pasado 9 de junio cuando el pleno aprobó un punto de acuerdo, para que la gobernadora informara de los resultados parciales o finales de la auditoría anunciada en el mes de noviembre del 2021, a los servicios de inspección y auditoría presentados por FISAMEX.
Esta auditoría se conocerían los ingresos generados a favor de los organismos operadores de agua en la entidad, los ingresos generados por dicha actividad, así como el estado de los medios legales de defensa promovidos por los usuarios no domésticos, a los que les fueron determinados adeudos de agua.
Echevarría Ibarra comentó que una vez conocida esta solicitud, diversos organismos de la sociedad civil, como colegios y asociaciones de profesionistas, se acercaros con él para expresarle su deseo de participar de manera gratuita y sin otro y sin otro propósito que abonar a la transparencia y rendición de cuentas sobre los asuntos públicos, las labores de auditoría que las autoridades estatales anunciaron realizarían respecto a este controvertido contrato de prestación de servicios, suscrito en la administración del Ex Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez.
Por mencionar dos ejemplos de organismos de la sociedad civil que pudieran coadyuvar en la ejecución de esta auditoría ciudadana, sin fines de lucro, tenemos al Colegio de Contadores Públicos de Baja California, A.C, con sede en el municipio de Tijuana, que aglutina profesionistas especializados en las áreas periciales contables y fiscales, operando de hecho, como Sindicatura del Contribuyente en esa demarcación territorial.
O bien, en Mexicali encontramos el observatorio ciudadano denominado OBSERBC, que conforme a su portal institucional, es una organización ciudadana, vigilante, informada, analítica, propositiva que promueve la construcción de un gobierno abierto que genere el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Baja California.
Los restauranteros, hoteleros, dueños de pequeños comercios como tortillerías, peluquerías o abarrotes, y los industriales que pagaron los 1 mil 812 millones de pesos que refiere el Gobierno del Estado, se recaudaron por los servicios de FISAMEX.
Así como los ciudadanos en general, merecemos tener la certeza del ingreso a las arcas estatales, del monto que se supone fue recaudado por las labores que esta empresa privada hizo en nombre y por cuenta de los organismos operadores del agua, a cambio del 20 por ciento de comisión, que supera los 300 millones de pesos, pero más aun, requerimos transparencia y claridad, en el destino de ese recurso.
“Por cierto, en la pasada sesión, al discutirse la proposición a la que me he referido como antecedente, se afirmó que esos 1 mil 800 millones de pesos provenientes de las auditorias de FISAMEX, habían sido destinados al pago del adeudo histórico que se tenía por parte de Gobierno del Estado, con la Universidad Autónoma de Baja California.
“Por lo que al investigar la veracidad de esa información, obtuvimos que dicho deudo, se pagó con tres prestamos que pidió el Ex Gobernador Bonilla; 937 millones se los pidió a Bansi, más de 634 millones a Afirme, y 200 millones a Accendo Banco.
“Abrir un hoyo para tapar otro, dicen por ahí. Por eso necesitamos esas auditorias, para no difundir información incorrecta que pretenda justificar a donde fueron a parar esos recursos, que mucho hubieran servido para realizar obras hídricas que dieran mantenimiento a la red estatal de distribución del agua, o bien para crear nuevas fuentes de abastecimiento del vital líquido”.
