La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) contará con un contralor interno nombrado por el Congreso, tal y como se establece en el Sistema Nacional Anticorrupción, además, no se viola la autonomía de esta institución.
Lo anterior lo manifestó el diputado por Morena y presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII Legislatura, Juan Manuel Molina García, quien informó que se presentó la respectiva iniciativa al Congreso.
“La autonomía universitaria está completamente salvaguardada, e inclusive, la iniciativa que sí fue presentada al Congreso y turnada a la Comisión de Gobernación, busca precisamente preservar esa autonomía.
“Que no vengan personas o fuerzas externas, con intenciones completamente personalistas, a tratar de dañar esta, que es lo que nosotros vimos en el intento el Patronato que preside Gustavo de Hoyos Walther, también presidente de la Coparmex, de convertir a la UABC en una venta de garaje, dilapidando sus bienes”.
Es su obligación como diputados, el nombrar un contralor autónomo interno, a la universidad como órgano autónomo constitucional, porque el Sistema Nacional Anticorrupción prevé esa figura para los órganos autónomos, y no excluye las universidades.
Lo anterior lo acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un amparo promovido una universidad del Estado de Hidalgo, ya dijo que no es de querer, sino de tener que.
“El contralor es un tema que va a suceder y no tiene injerencia en la autonomía, la Constitución marca es autonomía en el Artículo Tercero, pero los Artículos que rigen el Sistema Nacional Anticorrupción marcan esta otra situación del contralor interno”.
En lo que respecta al tema de la pensión de los ex rectores es un reclamo de muchos, se sabe que existe y no es cosa de imaginación, aseveró Molina García.
Hubo un acuerdo promovido por el ex rector, Alejandro Mungaray Lagarda en el año 2003, en el que se crea un órgano denominado Centro de Estudios sobre la Universidad, y ahí se incluye a los ex rectores de la UABC.
“Ese centro maneja un presupuesto anual de casi 10 millones de pesos, de los cuales, 9 millones son para remuneraciones, y los únicos empleados que tienen son los ex rectores, y si haces el cálculo, resulta que les da entre 80 mil o 90 mil pesos mensuales”.
Sin embargo, a ellos se les ha visto como presidentes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), como Rubén Castro Bojórquez, o como titular de la Sidue, como Luis López Moctezuma.
También en la Sedeco como Alejandro Mungaray, ahora con Luis Javier Garavito Elías como coordinador de directores del Ayuntamiento de Mexicali.
O sea, mientras la UABC les paga a los ex rectores, estos también reciben un sueldo como funcionarios.
El diputado local por Morena, dijo que lo que hizo que este asunto se apurara, fue la venta de los terrenos por parte de la UABC, que viola los estatutos universitarios.
Se estaría poniendo a disposición la última reserva territorial de la universidad en la marcha urbana Mexicali, con los predios del Río Nuevo.
“En el decreto de donación de los terrenos, del Gobierno del Estado a la Universidad, de 1983, en el proceso legislativo que pasó por el Congreso del Estado dice que ese bien se entregara a la Universidad, para que lo destine a sus fines, y sus fines son educativos.
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