/ jueves 9 de mayo de 2019

Una Fiscalía para el maltrato  animal es viable… pero absurda en BC, dice académico

Es un reflejo de no tener dimensión de los problemas reales que hay en el Estado; asegura

Una Fiscalía Especializada en maltrato animal, como la prometió el candidato a diputado por el Distrito VI, Fausto Gallardo García, es absurda, según Ismael Plascencia López, catedrático de la UABC.

Más allá de cuestiones técnicas o financieras, proponer una Fiscalía Especializada para el Maltrato Animal es desconocer la realidad que se vive en el Estado porque hay problemas más complejos, de acuerdo con Plascencia López.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California dijo a través de Facebook que el maltrato animal se debe investigar y castigar. Para esto prometió crear una Fiscalía.

"Maltrato animal, CÁRCEL; ustedes opinan que este cobarde debe quedar sin castigo? [sic]", se lee en la publicación. Pero Tijuana tiene en promedio siete asesinatos al día y en opinión del especialista, las promesas de quienes piden el voto deberían priorizar temas como la inseguridad, prestación de servicios públicos y movilidad.

"Me parece una estupidez dedicar atención y recurso a una Fiscalía Especializada al maltrato animal”, reiteró el académico a GatoxLiebre.

La propuesta, dijo, es viable a partir de experiencias internacionales, pero consideró que este tipo de promesas corresponden a países desarrollados.

"Está fuera de lugar para el contexto de nosotros [...], es un reflejo de no tener dimensión de los problemas reales que hay en el Estado”, externó sobre la propuesta de Gallardo García.

En Baja California, la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado de Baja California protege la vida de toda especie que viva en compañía y dependencia del hombre, "representándoles un valor afectivo y sirviéndoles en algunas tareas".

Ésta sanciona el maltrato y los actos de crueldad en su contra y establece que serán los Ayuntamientos los que vigilen y exijan el cumplimiento de la Ley. Además, el artículo 342 del Código Penal en Baja California establece penas de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 50 a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado.

Una Fiscalía Especializada en maltrato animal, como la prometió el candidato a diputado por el Distrito VI, Fausto Gallardo García, es absurda, según Ismael Plascencia López, catedrático de la UABC.

Más allá de cuestiones técnicas o financieras, proponer una Fiscalía Especializada para el Maltrato Animal es desconocer la realidad que se vive en el Estado porque hay problemas más complejos, de acuerdo con Plascencia López.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California dijo a través de Facebook que el maltrato animal se debe investigar y castigar. Para esto prometió crear una Fiscalía.

"Maltrato animal, CÁRCEL; ustedes opinan que este cobarde debe quedar sin castigo? [sic]", se lee en la publicación. Pero Tijuana tiene en promedio siete asesinatos al día y en opinión del especialista, las promesas de quienes piden el voto deberían priorizar temas como la inseguridad, prestación de servicios públicos y movilidad.

"Me parece una estupidez dedicar atención y recurso a una Fiscalía Especializada al maltrato animal”, reiteró el académico a GatoxLiebre.

La propuesta, dijo, es viable a partir de experiencias internacionales, pero consideró que este tipo de promesas corresponden a países desarrollados.

"Está fuera de lugar para el contexto de nosotros [...], es un reflejo de no tener dimensión de los problemas reales que hay en el Estado”, externó sobre la propuesta de Gallardo García.

En Baja California, la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado de Baja California protege la vida de toda especie que viva en compañía y dependencia del hombre, "representándoles un valor afectivo y sirviéndoles en algunas tareas".

Ésta sanciona el maltrato y los actos de crueldad en su contra y establece que serán los Ayuntamientos los que vigilen y exijan el cumplimiento de la Ley. Además, el artículo 342 del Código Penal en Baja California establece penas de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 50 a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado.

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