/ sábado 17 de octubre de 2020

Va Congreso por tercer intento de aprobar bodas gay en BC

Los dictámenes deberán ser presentados ante el pleno para su análisis, discusión y aprobación en su caso.

Con el voto en contra del morenista Víctor Navarro, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLPC) de la XXIII Legislatura del estado, aprobó por tercera ocasión los llamados matrimonios igualitarios, pero en esta ocasión se votaron por separados las reformas a la Constitución local, y el Código Civil del estado.

Los dictámenes deberán ser presentados ante el pleno para su análisis, discusión y aprobación en su caso.

Ya en dos ocasiones anteriores, el Congreso local no ha logrado la mayoría calificada -que es de 17 de 25 votos posibles-, para reformar el Artículo 7 de la Constitución local que establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.



La última ocasión en la que se votó la iniciativa, solo se quedó a un voto de conseguirlo.

En esta ocasión, la iniciativa de reforma fue presentada por 12 diputados pertenecientes a diversas fracciones parlamentarias, incluso, en aquella ocasión, el diputado morenista y presidente de la CGLPC, propuso que la aprobación fuera por mayoría, es decir, 13 votos.

A propuesta de Molina García, la Cglpc aprobó que este proyecto de dictamen que contenía las reformas a ambos ordenamientos legales de manera conjunta, se dividieran en dos dictámenes y se votaran por separado.

Uno de los dictámenes modifica la Constitución local y el otro al Código Civil del estado, los cuales fueron avalados por los integrantes presentes de la Comisión, por 5 votos a favor y uno en contra del diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez.



Los inicialistas insistieron en la necesidad de actualizar ambos ordenamientos legales, de acuerdo a la nueva realidad que se vive en la sociedad bajacaliforniana, reconociendo al matrimonio como una institución que puede darse entre hombre-mujer, hombre- hombre y mujer-mujer.

Lo anterior, con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos establecidos en el artículo primero de la Carta Magna de México, y que está en consonancia con los criterios dictados en el tema por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con el voto en contra del morenista Víctor Navarro, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLPC) de la XXIII Legislatura del estado, aprobó por tercera ocasión los llamados matrimonios igualitarios, pero en esta ocasión se votaron por separados las reformas a la Constitución local, y el Código Civil del estado.

Los dictámenes deberán ser presentados ante el pleno para su análisis, discusión y aprobación en su caso.

Ya en dos ocasiones anteriores, el Congreso local no ha logrado la mayoría calificada -que es de 17 de 25 votos posibles-, para reformar el Artículo 7 de la Constitución local que establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.



La última ocasión en la que se votó la iniciativa, solo se quedó a un voto de conseguirlo.

En esta ocasión, la iniciativa de reforma fue presentada por 12 diputados pertenecientes a diversas fracciones parlamentarias, incluso, en aquella ocasión, el diputado morenista y presidente de la CGLPC, propuso que la aprobación fuera por mayoría, es decir, 13 votos.

A propuesta de Molina García, la Cglpc aprobó que este proyecto de dictamen que contenía las reformas a ambos ordenamientos legales de manera conjunta, se dividieran en dos dictámenes y se votaran por separado.

Uno de los dictámenes modifica la Constitución local y el otro al Código Civil del estado, los cuales fueron avalados por los integrantes presentes de la Comisión, por 5 votos a favor y uno en contra del diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez.



Los inicialistas insistieron en la necesidad de actualizar ambos ordenamientos legales, de acuerdo a la nueva realidad que se vive en la sociedad bajacaliforniana, reconociendo al matrimonio como una institución que puede darse entre hombre-mujer, hombre- hombre y mujer-mujer.

Lo anterior, con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos establecidos en el artículo primero de la Carta Magna de México, y que está en consonancia con los criterios dictados en el tema por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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