El gobierno del estado firmó un acuerdo de trabajo con la asociación “Tesoros Escondidos”, con la cual, se busca “desinstitucionalizar” a aquellas personas que sufran de alguna discapacidad intelectual y que les remita el Instituto de Psiquiatría del Estado, principalmente de Tijuana además del resto del estado, y reinsertarlos a la sociedad.
El Periódico Oficial del Estado publicó en su edición del 26 de julio, el “Convenio de participación que celebran por una parte, el poder Ejecutivo del gobierno del estado de Baja California, en lo sucesivo “el ejecutivo estatal”, por conducto de la secretaría de bienestar, representado en este acto por su titular, J. Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, con la comparecencia de la Secretaría de Hacienda, representada por su titular, Marco Antonio Moreno Mexía; y por la otra parte, Los Tesoros Escondidos, Asociación Civil, a quien en lo sucesivo se le denominará “la asociación”, representada en este acto por Alejandra Ibañez Ibarra, en su carácter de representante legal; a quienes actuando conjuntamente se les denominará como “las partes”; al tenor de los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes”.
La Secretaría de Bienestar de “el Ejecutivo estatal”, cuenta con el Proyecto de Intervención para la Desinstitucionalización “Casas de Medio Camino para las Personas con Discapacidad”, en lo sucesivo el “proyecto”, que tiene por objeto crear una red de apoyo con las Organizaciones de la Sociedad Civil para facilitar un proceso de desinstitucionalización de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, en el cual se fortalezca la autonomía y facilite la integración y bienestar de este grupo vulnerable, garantizando el derecho a vivir, elegir de forma independiente y libremente, y a ser reinsertado en la comunidad.
Asimismo, dentro de su Línea de Política 1.7.1 “Inclusión e Integración de grupos prioritarios como personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes”, se presenta como Resultado a Lograr que más de 18 mil personas con alguna discapacidad o con riesgo de padecerla, reciban atención y servicios de rehabilitación a través de los Centros de Rehabilitación Integral y/o Unidades Básicas de Rehabilitación mejorando con ello sus condiciones de vida y bienestar.
La mayoría de las personas con discapacidad, por su condición, son institucionalizadas de forma voluntaria o involuntaria en diversos centros, hospitales e instituciones psiquiátricas, viéndose aisladas y separadas de sus familias, en las que no tienen o no se les permite ejercer control sobre sus vidas y sus decisiones del día a día, ya que todas las actividades de la vida diaria se encuentran programadas de acuerdo a lo que la institución señale, teniendo como resultado, efectos negativos en su salud y desarrollo.
El ejecutivo estatal con sujeción a su disponibilidad presupuestal aportará a “la asociación” la cantidad de 145 mil pesos, que será entregada en 5 ministraciones, por conducto de la Secretaría de Hacienda, con cargo al presupuesto asignado a la Secretaría de Bienestar, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que “la asociación” entregue a “el Ejecutivo estatal” los recibos correspondientes, que reúnan los requisitos fiscales.
La primera ministración correspondiente al mes de julio, será de 65 mil pesos, y las de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, serán de 20 mil pesos cada una.
Para esto, la asociación se compromete a recibir a las personas con discapacidad que remita el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California; Garantizar y salvaguardar los derechos humanos, fomentando la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, y la independencia de las personas con discapacidad que hayan sido remitidas.
Brindar en sus instalaciones los servicios básicos de asistencia, como alimento, aseo personal, vestido y cuidados especiales a través de personal capacitado, a las personas que, por su condición así lo requieran.
Atender los requerimientos para la atención médica integral a personas con discapacidad Implementar actividades que promuevan el desarrollo integral de las personas con discapacidad, como lo son el acceso a la inclusión social a través de la bolsa de empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Ejecutar el desarrollo de competencias lúdicas y educativas para personas con discapacidad, de acuerdo a sus capacidades físicas, mentales o condición médica prescrita por la institución responsable.
Otorgar terapias psicológica, física, ocupacional y demás que correspondan a las necesidades de cada persona, entre otras.
