El próximo viernes tomará posesión la nueva directiva estatal que estará encabezada por el ex diputado local Mario Osuna Jiménez, quien presentó una “agenda correctiva” para el estado, después de 2 años de malos gobiernos, en la que se incluye juicio político contra el gobernador Jaime Bonilla Valdez, así como la remoción de su “fiscal carnal”, Guillermo Ruiz Hernández.
En rueda de prensa realizada en las instalaciones del PAN municipal, Osuna Jiménez estuvo acompañado por la dirigente municipal, Lucía Villarreal, así como la próxima secretaria general estatal, María del Rosario Rodríguez Rubio, las diputadas locales, Alejandrina Corral y Amintha Briceño, así como Diego Echevarría, además de los regidores, Edel de la Rosa y Óscar Vega Marín.
La agenda correctiva consiste en:
a. Iniciativa que deroga el Decreto 289 publicado el 29 de julio de 2021, con el objeto de dejar sin efecto la reforma a la Ley que reglamenta el servicio de agua potable en el Estado, mediante la cual se pretendió transferir al vapor y truculentamente la función y servicio de agua potable a los Municipios.
b. Abrir la discusión y los foros necesarios incluyendo los estudios que resulten pertinentes, para transferir gradualmente la función de agua potable a los Municipios en el mejor espíritu del Artículo Tercero transitorio del 115 constitucional.
c. Ley de Derechos del Contribuyente y Usuario de Servicios del Estado de Baja California que derogue y prohíba la clausura de negociaciones como método de cobro. En dicha Reforma se incluirá el control de jueces de lo administrativo respecto de órdenes de clausura, para evitar el abuso de esta figura por parte del Gobierno Estatal o Municipales.
d. Derogación de los nuevos impuestos impulsados por Jaime Bonilla Valdez, y regreso gradual del impuesto a la nómina a su tasa histórica.
e. Fiscalía del Estado Independiente. Ante los pésimos resultados en materia de seguridad y justicia, promoveremos:
• Con base en el artículo 70 de la Constitución Estatal vigente, promovemos la remoción del Fiscal General del Estado dada su terrible gestión y en razón de su conflicto de interés para investigar los delitos cometidos por servidores públicos del Gobierno Estatal saliente y en particular, los atribuibles al Gobernador Jaime Bonilla Valdez de quien es compadre.
• Reforma Constitucional Estatal con una fórmula similar a la Federal, en donde el Fiscal General resulte nombrado a partir de un proceso de selección de 10 juristas que haga mediante convocatoria abierta el Congreso Estatal, seleccionando hasta 10 personas, entre las cuales el Ejecutivo del Estado escogería a tres y de estas tres personas, el Congreso de nueva cuenta escogería a quien sería el Fiscal por los próximos 7 años. Esta Reforma persigue cumplir con el artículo 116 constitucional, al fomentar la independencia de quien investiga y persigue los delitos y por ello decimos: nunca más a un Fiscal que sea compadre del Gobernador o Gobernadora.
• Restitución de la Secretaria de Seguridad Publica que aglutine a la Policía Estatal Preventiva del sistema penitenciario y demás elementos de la seguridad preventiva, dejando a la Fiscalía General con la grave tarea de investigar, perseguir y procurar el castigo de los delitos con eficacia.
f. Pago inmediato de las participaciones Federales que se le adeudan a los Municipios del Estado y apertura de carpetas de investigación por los delitos cometidos por quienes decidieron y ejecutaron dichas retenciones, incluyendo su desviación. De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, estos delitos deberán ser denunciados también ante la Fiscalía General de la República.
g. Promoción de un Fiscal anticorrupción que de manera especial investigue e informe a la ciudadanía sobre los hechos de corrupción acontecidos en este terrible bienio de Gobierno Estatal de Jaime Bonilla Valdez.
h. Respecto de la retención y desviación de participaciones federales cometidas por el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez, al tratarse de una violación a los principios constitucionales e instituciones fundamentales de nuestro sistema Federal, hemos instruido a nuestros legisladores a presentar juicio político en el estado en contra del Secretario de Hacienda que resulte responsable, y juicio político ante el Congreso de la Unión en contra de Jaime Bonilla Valdez, puesto que sus acciones y omisiones redundaron en perjuicio de los intereses fundamentales de los Municipios de Baja California, violando directamente la fracción IV del artículo 115 constitucional.
i. Derogación de las Reformas a la Ley del Régimen Municipal mediante las cuales Jaime Bonilla tomó control de la suplencias y licencias de los municipales. Estas decisiones deben regresar como estaban al ámbito reglamentario municipal.
