Desde 2004, José Luis formaba parte de la Unidad de Fuerzas Especiales del Pacífico de la Marina Armada de México en Manzanillo, Colima. Sin embargo, el 27 de junio de 2014 fue detenido y encarcelado por traición a las fuerzas armadas y delitos contra la salud cometidos, supuestamente, a 345 kilómetros de distancia de su zona de adscripción.
Al marino se le acusó, junto con otros de sus compañeros, de proteger y trabajar para el cártel de los Caballeros Templarios en la plaza de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a pesar de que en constancias y registros navales se podía comprobar que él no estaba en el lugar y momento que sus acusadores señalaban.
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José Luis, cuyos apellidos se reservan para proteger su identidad, forma parte de las 233 causas penales en las que se utilizó tortura para fabricar pruebas e incriminar a personal militar en delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y traición a las fuerzas armadas, entre otros.
El abogado César Gutiérrez Priego, quien conoce los casos de elementos castrenses que se encuentran detenidos, algunos de ellos sin sentencia, considera que es necesario revisar sus historias y que existan votos de confianza y consideraciones como sucedió con el general Salvador Cienfuegos, quien fue exonerado por la Fiscalía General de la República.
“Esperemos que la CNDH y la Sedena, tengan la voluntad para que sean revisados los casos de militares que han sido inculpados por medio de tortura y fabricación de pruebas en los últimos 20 años”, dijo.
Según las investigaciones, que llegaron hasta el Supremo Tribunal Militar, José Luis y sus compañeros fueron obligados a firmar declaraciones para auto incriminarse o incriminar a otros después de haber sido torturados. Pero, tras analizar las pruebas, los integrantes del máximo tribunal castrense concluyeron que, en efecto, José Luis no se encontraba en el sitio y tiempo en que se decía que estaba para apoyar a los Caballeros Templarios y ordenó su inmediata libertad por “desvanecimiento de datos”.
“Los documentos que han sido citados y debidamente analizados por este Tribunal Militar, se advierte que el inculpado no se encontraba en el lugar y en el momento en el que supuestamente cometió las conductas que se le atribuyen”, concluyó el Supremo Tribunal Militar.
Sin embargo, siete meses después la sentencia que ordenaba la libertad fue revocada a petición del Ministerio Público Militar para analizar otras pruebas y José Luis, quien contaba ya con 12 años de servicio en la Marina Armada de México, fue reaprehendido.
Su caso llegó hasta el Poder Judicial de la Federación, donde un juez de distrito resolvió amparar a José Luis y ordenar a las autoridades judiciales castrenses revocar su decisión sobre la nueva detención del marino. El caso hoy sigue en litigio.
Las denuncias de Gutiérrez Priego, abogado y especialista en las Fuerzas Armadas, llegaron a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en diciembre pasado se comprometió a que serían revisadas las 233 causas penales existentes donde supuestamente se utilizó tortura para incriminar a personal militar.
“No tengo conocimiento de esta información, pero voy a solicitar que me actualicen de cuántos militares están en proceso, están siendo juzgados y el estado en que se encuentran sus asuntos, para informar”, señaló el mandatario el pasado 3 de diciembre.
La petición realizada a López Obrador motivó que una semana después, el 10 de diciembre, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, visitaran a militares presos en el Campo Militar 1-A de la Ciudad de México con el objetivo de conocer su estatus.
Han pasado 54 días desde el compromiso presidencial y aún no hay resultados concretos sobre la situación de los elementos castrenses, a pesar de que algunos de ellos, como José Luis, llevan seis o más años en prisión por delitos que posiblemente nunca cometieron o en espera de una sentencia que los absuelva o los condene.
