/ jueves 18 de julio de 2019

Ley Bonilla es inconstitucional, pero Segob no intervendrá: Olga Sánchez

La secretaria de Gobernación dijo que no intervendrá en el proceso para no violar la autonomía del congreso local que aprobó casi por unanimidad la modificación a la Constitución estatal

En su papel como ministra en retiro, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó que es inconstitucional la “ley Bonilla” por la que se le permite al gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, ampliar su mandato de dos a cinco años.

Sin embargo, no intervendrá en el proceso para no violar la autonomía del congreso local que aprobó casi por unanimidad la modificación a la Constitución estatal.

"En mi opinión como ministra en retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional, en mi opinión, pero yo como secretaria de Gobernación, tengo que ser absolutamente respetuosa del congreso local, de los partidos políticos que van a interponer las acciones de inconstitucionalidad y por supuesto, de lo que resuelva en su momento la Suprema Corte”, opinó en breve entrevista después de la conmemoración del 147 aniversario luctuoso de Benito Juárez en Palacio Nacional.

Indicó que la única vía legal para impedir que Bonilla extienda su mandato, es mediante la interposición de medios de impugnación y acciones de inconstitucionalidad, ello tras ser cuestionada sobre la viabilidad de la propuesta del presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sobre la disolución de poderes en Baja California.

Adelantó que varios partidos políticos la han visitado para avisarle que presentarán impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Según le informó la presidenta nacional y senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien la visitó esta semana en sus oficinas de la Segob.

"Lo conveniente y lo políticamente correcto y lo jurídicamente correcto es la interposición de las acciones de inconstitucionalidad y los medios de impugnación que se tienen al alcance a través de las instituciones del Estado", anticipó.

Destacó que el asombro de su respuesta se debe a que en el país no estaban acostumbrados a que se respetara el Estado de Derecho, de la división de poderes, autonomía e institucionalidad, pero en este caso, acatará lo que finalmente resuelvan tanto en el congreso local como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su papel como ministra en retiro, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó que es inconstitucional la “ley Bonilla” por la que se le permite al gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, ampliar su mandato de dos a cinco años.

Sin embargo, no intervendrá en el proceso para no violar la autonomía del congreso local que aprobó casi por unanimidad la modificación a la Constitución estatal.

"En mi opinión como ministra en retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional, en mi opinión, pero yo como secretaria de Gobernación, tengo que ser absolutamente respetuosa del congreso local, de los partidos políticos que van a interponer las acciones de inconstitucionalidad y por supuesto, de lo que resuelva en su momento la Suprema Corte”, opinó en breve entrevista después de la conmemoración del 147 aniversario luctuoso de Benito Juárez en Palacio Nacional.

Indicó que la única vía legal para impedir que Bonilla extienda su mandato, es mediante la interposición de medios de impugnación y acciones de inconstitucionalidad, ello tras ser cuestionada sobre la viabilidad de la propuesta del presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sobre la disolución de poderes en Baja California.

Adelantó que varios partidos políticos la han visitado para avisarle que presentarán impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Según le informó la presidenta nacional y senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien la visitó esta semana en sus oficinas de la Segob.

"Lo conveniente y lo políticamente correcto y lo jurídicamente correcto es la interposición de las acciones de inconstitucionalidad y los medios de impugnación que se tienen al alcance a través de las instituciones del Estado", anticipó.

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