/ martes 15 de octubre de 2024

ONU acusa a Venezuela de crímenes de lesa humanidad en elecciones de 2024

Las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, dice un informe

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios.

En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura así como violencia sexual y de género.

Las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

También asegura que "las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia".

Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que "incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad", la Asamblea Nacional, "instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático", o el sistema de justicia, que "siguió operando con falta de independencia".

Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión "se amplió de manera significativa" en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.

En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por "ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades", indicó.

La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.

Ese tipo de campañas "sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil", señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, "pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente", con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, "sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019".

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios.

En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura así como violencia sexual y de género.

Las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

También asegura que "las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia".

Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que "incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad", la Asamblea Nacional, "instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático", o el sistema de justicia, que "siguió operando con falta de independencia".

Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión "se amplió de manera significativa" en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.

En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por "ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades", indicó.

La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.

Ese tipo de campañas "sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil", señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, "pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente", con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, "sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019".

Local

Disminuyen presupuesto municipal para obra pública

En presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Mexicali para el ejercicio fiscal de 2025

Local

Piden salida de Bernal y agricultores amagan con tomar Conagua

Usuarios del agua señalan corruptelas y reiterados rechazos a la propuesta 90-10

Policiaca

Detienen a madre y padrastro por presunto maltrato de niña

La menor presentó un posible traumatismo craneoencefálico y lesiones en todo el cuerpo

Local

Capacitarán a productores de brassicas sobre Plaga Dorso de Diamante

Las especies más comunes de esta familia son la coliflor, repollo, brócoli, col de Bruselas y kale, entre otras

Policiaca

Le dan 46 años de prisión por desaparecer a la novia

Rubén ocultó la ubicación, suerte o paradero de la víctima