El 7 de abril del 2015, el estadounidense Tobías Summers atravesó la frontera entre California y Baja California con la intención de ocultarse aquí tras haber secuestrado y violado a una niña de 10 años, el mismo delito que cometió al menos contra otros 30 menores. En ese entonces la Policía de Los Ángeles, California solicitó el apoyo de las autoridades de Baja California que lograron ubicar al delincuente en un Centro de Rehabilitación en Playas de Rosarito donde fue detenido para posteriormente deportarlo a su país donde se le sentenció a 230 años de cárcel.
Al igual que Summer, cada año decenas de delincuentes estadounidenses cruzan la frontera hacia Baja California con la falsa creencia de que en suelo mexicano podrán evadir los pendientes que tienen con la justicia de su país. Hace 16 años al interior de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se creó la Unidad de Enlace Internacional especialmente para seguir la pista de los delincuentes extranjeros. Para Ricardo Aguilera, integrante del área de Inteligencia en la corporación, los delincuentes americanos consideran a México el sitio ideal para huir al considerar que no habrá forma de ubicarlos.
“Tienen la idea equivocada de que las autoridades de Baja California no están preparadas como para hacer una búsqueda y aprehensión, ven un nicho de oportunidad para esconderse, pero se topan con pared al ver que existe un área especializada”. La realidad es que la Unidad de Enlace Internacional de la PEP tiene comunicación directa con el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), con el FBI, con la Patrulla Fronteriza y la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Entre enero y noviembre de este año 80 delincuentes estadounidenses han sido aprehendidos en Baja California, 32 de ellos en Mexicali, 29 en Tijuana, 9 en Ensenada, 7 en Playas de Rosarito y tres más en Tecate. Aguilera detalló que el 32% de los detenidos tenían cuentas pendientes con la justicia por drogas y el 13% por violar la libertad condicional.
Los homicidas ocupan el 12% mientras los responsables de robo con violencia representan el 5% y el 4% son agresores sexuales, entre otros delitos. Tras ser detenidos, los delincuentes son entregados al Instituto Nacional de Migración (INM) para su deportación.
