Desde el principio de la presente administración se ha minado la estructura del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y desde el Congreso se pretende pararlo, por ello han presentado una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA, Francisco Fiorentini Cañedo, comentó en rueda de prensa no presencial, que ojalá que el gobernador Jaime Bonilla les callara la boca convocándolos a una reunión para elaborar una agenda de trabajo.
El mandatario estatal ha señalado en diversas ocasiones que es implacable en la lucha en contra de la corrupción, sin embargo, sus acciones no son consistentes con sus hechos, aseveró.
Y es que el SEA ha sido incómodo para la actual administración estatal, por ello, desde el primer día en el que se instaló el Congreso de mayoría morenista, se le quitó la facultad al CPC del SEA, o más bien, a los ciudadanos, al eliminar la Comisión Especial.
Explicó que al eliminar la Comisión Especial, el congreso del estado le quitó la posibilidad a los ciudadanos de inferir en el nombramiento del fiscal anticorrupción, del magistrado anticorrupción, así como de un auditor general.
Fiorentini Cañedo comentó que existe un vaso comunicante entre el Ejecutivo y el Congreso del Estado, ya que ha sido la propia Vicenta Espinoza Martínez, secretaria de Honestidad y Función Pública, quien ha impedido que se lleven a cabo las sesiones del SEA.
Todo esto tiene además, que ver con el exhorto del Congreso, que ha realizado el diputado Juan Manuel Molina García, para que no sesione el CPC del SEA, hasta que se aclare una sentencia de la SCJN, en la que solo se debe aclarar sobre quienes la situación de los consejeros que perciben sueldos y quienes no.
Sin embargo, es preocupante en la redacción del exhorto que se hace del Congreso, en el que hace referencia de los integrantes del CPC como ex consejeros, por lo que ya está dando por hecho que han sido destituidos, por lo que se exceden de sus facultades.
Debido a la pandemia la sentencia de la SCJN no ha llegado al Congreso del Estado, por lo que no saben de sus alcances, por lo que los diputados no le pueden pedir que no cumplan con las obligaciones que tienen que realizar por ley.
Por lo anterior, ya han presentado una queja ante la SCJN, por el abuso de poder en el que incurrió el Congreso del Estado al pretender dar cumplimiento de la sentencia recaída en la mencionada AI 119/2017.
Así como la indebida alteración de la situación jurídica de los representantes ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana al declararlos inexistentes, así como de la funcionabilidad y operatividad del Sistema Estatal Anticorrupción.
Mencionó que los temas que quedaron pendientes en la última sesión, que fue saboteada por la antes referida funcionaria estatal, se encuentran los exhortos a que se sigan con las investigaciones por el caso de los moches.
Así como la presentación de la denuncia en contra del diputado Miguel Ángel Bujanda, quien fue señalado por el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, de haberle solicitado un millón de dólares para aprobar el refinanciamiento de la deuda estatal.
