Se decretó auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio agravado por razón de parentesco consanguíneo a la madre de Kelvin, el menor que fue muerto a golpes el pasado sábado, el cual presentaba el síndrome del niño maltratado.
La juez Ruth Esperanza Álvarez Fuentes escuchó las declaraciones vertidas por el ministerio público Rafael Orozco en las que señalaban que la imputada el día de los hechos había llegado con su hijo inconsciente al consultorio GI, ubicado sobre la calle 13 en el fraccionamiento El Cóndor, junto frente al domicilio familiar, el cual además de ya no contar con signos vitales presentaba visibles lesiones en diversas partes del cuerpo y una aparente estado de desnutrición.
Dentro de las declaraciones obtenidas por parte de la pareja sentimental de la inculpada, señaló que ésta en reiteradas ocasiones golpeaba al menor de 4 años con sus manos porque presuntamente “se portaba mal”, misma razón por la que el 18 de agosto se suscitaron los hechos.
Asimismo y con la declaración de 11 testigos, se corroboraron las acciones cometidas por la detenida el pasado sábado 18 de agosto, cuando alrededor de las 18:35 horas y al estar en el domicilio conyugal, la pareja de la madre del menor salió de la vivienda a realizar una llamada telefónica y cerca de 5 minutos después la joven madre baja a comentarle que había golpeado a su hijo porque “se había portado mal”, por lo que su concubina ingresa al domicilio y al ver el cuerpo de la víctima tendido en el piso, busca ayuda en el consultorio médico que se encuentra frente a su residencia, a donde la madre del menor lo traslada.
De acuerdo a la autopsia realizada al cuerpo del menor, se indicó que falleció por traumatismo encefalocraneano, al igual que se estableció que además de presentar múltiples hematomas, alrededor de 45 en diversas parte del cuerpo, los cuales denotaban no solo los golpes que le causaron la muerte, sino otros que señalaban que el menor era golpeado constantemente, se determinó que éste contaba con un fuerte grado de desnutrición.
La juez determinó la prevalencia de la medida cautelar de prisión preventiva para la imputada y el plazo de seis meses para el cierre de la investigación, misma que concluirá el 25 de febrero del 2019.
