Tras dos amparos y una vinculación a proceso, poco más de tres meses de prisión y su ida de una cárcel a otra, la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, El Mencho, Rosalinda Gonzalez Valencia fue liberada tras depositar una garantía de millón y medio de pesos.
Ella enfrentaría en libertad -con una fianza de por medio- lo que queda del expediente 244/2018 que se le lleva en un juzgado del Estado de México.
Abogados especializados en materia de amparo veían difícil que se sostuviera la acusación contra la cónyuge, debido a los antecedentes que existen en este tipo de casos, debido al lazo sentimental y, por otro lado, que ella necesariamente no está obligada a conocer las actividades económicas a las que realiza su cónyuge.
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Su libertad se habría dado desde la noche del pasado jueves 6 de septiembre.
Rosalinda fue detenida el pasado 26 de mayo durante un operativo que realizaron elementos de la PGR, en la Avenida Patria y Acueducto, en la zona de Andares, en Zapopan. Esa misma noche fue trasladada a la Ciudad de México en un helicóptero de la Secretaría de Marina.
Inicialmente fue acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada. La autoridad la vinculaba presuntamente con lavado de mil mil 100 millones de pesos a través de una red de más de 70 empresas, entre los años 2015 y 2016.
Sin embargo, el 20 de junio y tras una audiencia que duró más de 13 horas, un Juez Federal la vinculó a proceso penal sólo por el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita, además de que se le había dictado prisión preventiva por el tiempo que durara el proceso.
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Durante ese lapso ella estuvo el Penal Federal Femenil de Morelos y luego fue llevada al Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano, con sede en Almoloya de Juárez.
También durante ese lapso sus abogados presentaron dos amparos, el primero de ellos ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, donde se le concedió la suspensión provisional contra la suspensión, pero se sobreseyó al ser puesta a disposición de un juez de Control, y otro más para insistir en que no podía seguir privada de su libertad ante un delito considerado como no grave y que permite la libertad bajo caución.
Al final, el juez fijó la fianza de 1.5 millones de pesos y al ser cubierta, ella abandonó el reclusorio y enfrentará el proceso en libertad.
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