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Guardería ABC, a 100 meses de la tragedia

Este 5 de octubre se cumplen 100 meses de la peor tragedia infantil que haya ocurrido en el país, misma que cobró la vida de 49 niños e hirió a 106 más y que además cambiaría la forma en cómo se regulan las estancias infantiles.

A pesar de que el caso de la Guardería ABC provocó la indignación universal de todo ser humano que se considere como tal, a 8 años y cuatro meses del siniestro, los culpables continúan sin castigo, de eso está convencida Juanita Luna Hernández.

La vocera de la asociación Manos Unidas por Nuestros Hijos, conformada por los padres afectados por este lamentable hecho, señaló que desde su fundación el grupo que siempre ha buscado esclarecer qué fue lo que realmente pasó en aquella bodega de la secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora, misma que propagó el fuego a la guardería.

Con melancolía, Luna Hernández manifestó que tenía la certeza de que en un principio se llegaría al fondo del asunto debido al a magnitud de la catástrofe, pero pronto se daría cuenta que no sería tan sencillo.

“Pensamos que las cosas iban a solucionarse rápido por tratarse de niños y no fue así, en un principio nos hicieron creer que había sido un desperfecto con el cooler”, apuntó.

El 24 de junio de 2009 los padres fueron citados por la Procuraduría General de la República (PGR) para que un perito les explicara lo que sucedió, sin embargo, la pobre explicación e incongruencia con los hechos hizo que los padres sospecharan de la veracidad del reporte.

No fue sino hasta que las familias contrataron a un perito, que éste les dio la razón sobre lo que tanto temían: el incendio en aquella bodega no había sido un accidente.

Incluso las declaraciones de los trabajadores de hacienda desacreditaban las investigaciones oficiales, pues indicaban que cada vez que abandonaban el lugar invariablemente bajaban los térmicos.

Luna Hernández indicó que si bien hay una sentencia de 19 personas a raíz de estos hechos, misma que originalmente contemplaba a 22, los delitos por los que se les acusó eran los de omisión.

“Actualmente tenemos una carpeta de investigación donde sostenemos que el incendio fue provocado, y dentro de ella, en diciembre del año pasado, un juez federal dijo que se había excluido al Gobernador en aquel entonces, Eduardo Bours Castelo, y a su Procurador de Justicia, Abel Murrieta”, acotó.

Debido a una presunta alteración en de la escena del incendio, estos dos exfuncionarios se encuentran ahora indiciados como probables responsables de la muerte de los 49 niños en lo que los padres están convencidos fue un crimen de estado.

Sin embargo, la madre de Jonathan Jesús de los Reyes Luna, quien ahora tuviera ahora 11 años de edad, expresó que las autoridades trabajan muy lento en el caso, pues reconoce que hay muchos intereses de por medio, aparte de las discrepancias en las formas como la investigación es emprendida.

“La gente nos dice ‘ya deja de luchar, dejen descansar a los niños’, nosotros como siempre hemos dicho: ellos ya descansaron, los que no descansan somos nosotros porque vivimos en un país donde está imperando la impunidad”, subrayó.

¿Y los niños lesionados?

A ocho años del incendio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció a más de 40 niños afectados por los hechos, a quienes inicialmente consideró como “expuestos” y por ende no se les brindaban las mismas atenciones.

Uno de estos niños considerados como “expuestos” fue Laura Fernanda Guadalupe Bustamante, de apenas dos un año, quien durante aquel infierno inhaló agentes nocivos que le causaron problemas de salud, relató su madre Fabiola Domínguez.

“A la fecha la niña ha tenido asma bronquial incontrolable, así como rinitis, sinusitis y neumonitis en ese momento. Ellos fueron revalorados por primera vez en agosto del 2009, cuando los médicos de Shriners vinieron a revisar a todos los menores”, dijo.

A raíz de ello surgieron muchos niños que, como la hija de Domínguez, presentaban problemas de salud severos, desde entonces la pequeña comenzó a tomar medicamento tanto inhalado como suministrado por vías orales.

Cuando la Laura Fernanda tenía seis años comenzó a mudar sus dientes, sin embargo su dentadura se cayó por completo y no volvió a salir, por lo que requirió de prótesis; esto fue debido a que el medicamento que inhalaba dañaba sus piezas dentales.

De acuerdo con la madre de la menor, el IMSS no cubría la reparación de ese daño porque la niña no estaba reconocida como “lesionada”, sino como “expuesta”,  a pesar incluso de que fue hospitalizada en cuatro ocasiones por neumonía debido a sus pulmones débiles.

“La segunda ocasión que estuvo internada por neumonía, a Laura Fernanda se le subió mucho el azúcar de forma proporcional al medicamento que le estaba siendo aplicado, pues afectó el páncreas y su capacidad para producir insulina”, explicó.

Después de varios estudios se determinó que la menor producía insulina de manera anormal, y ese descontrol  se lo provocó el mismo medicamento debido a las dosis excesivas y por más de ocho años.

“Otra cosa que le causó fue que mi hija a los siete años tuvo un sangrado vía vaginal, sangró como si estuviera menstruando alrededor de cinco meses, y me decían en el Seguro Social que era pubertad precoz, que había recibido un golpe… yo exigí que fuera valorada por una ginecóloga”, expuso Domínguez.

Finalmente se consiguió que IMSS accediera a cubrir esos gastos, permitiendo que una ginecóloga la valorara y determinara que el sangrado no era vaginal, sino a través de vías urinarias, de tal modo que la pequeña poseía una intoxicación en la vejiga.

Al hacerle un estudio, el cuerpo de la niña reaccionó a más de 130 sustancias, mismas que formaban parte de los medicamentos que tomaba con frecuencia.

En agosto del año pasado se les hizo una revaloración, en la cual, si al momento los niños presentaban asma bronquial o disfunción reactiva de la vía aérea  e hipertensión pulmonar, iban a ser reconocidos como lesionados. Así, después de ocho años, Laura Fernanda pudo finalmente obtener el tratamiento que merecía.

No obstante Fabiola Domínguez expresó que, no por el hecho de recibir una mejor atención dejará de alzar la voz contra el sistema médico, sobre todo porque aún hay alrededor de 40 niños que siguen siendo considerados como “expuestos” por el instituto.

“Vamos a seguir en la lucha, no porque mi hija sea reconocida voy a quitar el dedo del renglón para nada, nosotros tenemos un compromiso con todos los niños porque lo más justo y lo menos que pueden hacer las autoridades es darle la atención que los niños necesitan, es lo mínimo”, manifestó.

 

¿Qué hay con la carpeta de investigación?

La carpeta de investigación de la PGR no está abierta al público, pues se trata de una investigación que está en curso, siendo los dos delitos principales que sigue la investigación la obstrucción de la justicia y la alteración del a escena del crimen.

A veces la instancia les niega el acceso a los propios padres, e incluso el abogado que se encuentra en el centro del país representándolos a veces se queda por horas esperando ver el documento. A veces la Ministerio Público ni siquiera va.

Supuestamente se trae un duplicado del informe a la PGR de Sonora, pero éste no únicamente está restringido al público en general, sino que está desfasado con respecto a las averiguaciones que llegan al centro del país.

Esto ha creado conflictos con los miembros de Manos Unidas por Nuestros Hijos, quienes desean ve el expediente y evaluar el desempeño de las autoridades.

¿Cuáles son los avances en el caso?

A los 100 meses de la tragedia suscitada en la guardería, los puntos más importantes en la cronología de la búsqueda de justicia han sido dos, indicó el abogado de Manos Unidas, Gabriel Alvarado Serrano.

El 17 de abril del 2013, a raíz de una serie de documentos y testimonios que se lograron obtener, se presentó a través de la asociación civil constituida por padres de los niños afectados una denuncia penal y se abrió por parte de la PGR una averiguación previa.

De acuerdo con el abogado, esa averiguación está planteada sobre la hipótesis de la intencionalidad del siniestro y en ella están perfilados algunos de los funcionarios del Gobierno del Estado de aquel entonces.

“A la persona que tiene el carácter de indiciado en esa declaratoria es Juan Carlos Lam Félix, que se desempeñaba como Secretario Técnico del Ejecutivo en aquella época y quien habría ordenado la destrucción de cierta documentación por vía de su quema que, al salirse de control, provocó esta tragedia”, señaló.

Esta línea de investigación todavía tiene algunas diligencias pendientes por  desahogar, pero contempla unos testimonios presuntamente señaladores sobre la probable responsabilidad de altos funcionarios del estado.

Más recientemente en este caso, en diciembre del 2016, por determinación de un juez federal, se ordenó abrir una nueva carpeta de investigación en términos del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la cual se ordena que se incluya con el carácter de imputado al ex Gobernador Eduardo Bours Castelo y al ex Procurador Abel Murrieta Gutiérrez.

Como se mencionó anteriormente en el testimonio de Juanita Luna Hernández, en esa carpeta ambos personajes figuran como probables responsables de los delitos de falsedad y alteración de la escena del crimen, permitiendo que pernee la impunidad en el caso.

Con base en la intención que Bours y Murrieta han externado por contender por una senaduría y la presidencia municipal de obregón respectivamente, se está llevando a cabo el desahogo de ciertas probanzas en el grupo Manos Unidas, mismas que serán enviadas al presidente nacional de Instituto Nacional Electoral (INE) para que tome nota de estas circunstancias.

Asimismo, en junio pasado, la Fiscalía General de Justicia de Sonora emitió un anuncio para identificar y localizar a los dos hombres que aparecen en un video tomado la mañana del 6 de junio de 2009, a horas de haberse sofocado el incendio en la guardería.

Alvarado Serrano indicó que, debido al resguardo policial de la zona, estos hombres no podían introducirse al inmueble ni mucho menos sustraer -como lo hicieron- objetos que podrían resultar importantes para el desarrollo de la investigación.

 

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