NEGACIÓN
En agosto del 2023 una persona privada de su libertad se le ocurrió quitar la ventana de rejas y barrotes de su celda y salir corriendo por todo el centro penitenciario y brincar la barda fuertemente vigilada para alcanzar la libertad. Y eso sucedió en la prisión de El Hongo, la supuestamente mejor diseñada en Baja California.
Dicho centro de 50 hectáreas fue fácil para una sola persona para poder escapar, en un centro que ha sido presumido por el gobierno de Baja California desde su inauguración con el ex presidente de México, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA. Sin embargo, quedan muchas dudas sobre la eficiencia del centro y fue por ello que se solicitó de parte de esta casa editorial documentar el recinto basado en los límites que los propios protocolos de seguridad permite, con el objetivo de que la misma autoridad penitenciaria confirme si es segura la instalación.
De acuerdo con el oficio CECISPEBC/TIT/0000/2024, fue negado dicho documental, argumentando que se vulnera la seguridad y derechos humanos de los privados de la libertad, lo cual es incongruente porque el mismo centro penitenciario emite comunicados con fotografías desde dicho lugar y con las personas al interior.
La cuestión es porqué de la negativa de JOSÉ GABRIEL GÁLVEZ BELTRÁN, titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, donde es conocido que si todo se encuentra en orden y seguro, no habría nada qué ocultar ni temer. Es menester que los bajacalifornianos puedan tener una documentación de la seguridad del penal y no se repita que un recluso se fugue por una simple ventana o que haya motines porque no les dan de comer o falta medicamentos, entre otras polémicas que se han registrado y reportado por los mismos familiares.
El actual gobierno estatal ha pregonado en un sinfín de ocasiones que manejan la bandera de la transparencia y la rendición de cuentas, pero en la línea discursiva pregona otra cosa.
DESAPARECIDOS
El Congreso local se enalteció al aprobar la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas en Baja California. Sin embargo, olvidó un par de detalles muy importantes con los cuales, corre riesgo de quedar el documento en letra muerta. Elementa, una organización no gubernamental a nivel nacional, reconoció al Poder Legislativo del estado por aprobar la ley, pero cuestionó que no cuenta con un apartado que cree un fondo estatal para un presupuesto y con ello operar la ley. Tampoco la conformación de células de búsqueda como atribución de los ayuntamientos, que obviamente no se pueden hacer sin el presupuesto tampoco no autorizado. De igual forma no explica o no considera quién será la autoridad responsable de la operación y actualización de los registros tantos de personas desaparecidas como encontradas.
Un grave error de la ley fue eliminar todas las propuestas que los colectivos de búsqueda aportaron, como lo ha señalado IRMA LEYVA y SORAYA ANNA VILLARREAL, quienes incluso acudieron al edificio del Congreso a confrontar a los diputados, quienes a la tradicional usanza sesionaron de noche, por no decir de madrugada, donde la población no está pendiente de lo que aprueban.
La diputada inicialista del proyecto de ley dejó tirada las horas y días de trabajo al pedir licencia al cargo para irse a buscar una candidatura. Nos referimos a ROCÍO ADAME, quien incluso fue encarada por IRMA LEYVA sobre el porqué hacían mesas y análisis de trabajo, si al final no presentó la reforma ni tomaron en cuenta sus posturas. Es decir, fue puro trabajo echado a la basura el presentado por los colectivos, que al final se hizo una ley solamente con la visión de diputados y diputadas que no han pisado ni el terreno donde las madres buscadoras escarban y encuentran los restos óseos de sus hijos e hijas.
La ley contempla 120 días para que se ajusten y en ese periodo se espera que puedan agregar algunas adendas o reformas secundarias para pulir y perfeccionar, porque actualmente es un documento de buena intención, con letra muerta que no soluciona el problema de los 17 mil carpetas de investigación que hay en el estado de desaparecidos y las más de 200 fosas clandestinas ubicadas en la región.
PROTECCIÓN
Quien mostró su inconformidad de que la ciudadanía tenga que pagar por la protección de los candidatos durante campañas electorales, fue ROBERTO QUIJANO SOSA, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, al señalar que los partidos políticos y candidatos reciben suficientes recursos para realizar sus campañas, incluyendo el costo de su protección. “Yo creo que no es correcto que la ciudadanía y contribuyentes paguemos la protección de los candidatos; entendemos que es una situación delicada, pero los partidos deben atender esa situación y los propios candidatos”, dijo. QUIJANO dio estas declaraciones un día después de que GISELA GAYTÁN, candidata a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, fuera asesinada durante un evento de campaña. Por su parte, la gobernadora MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA declaró ayer que su gobierno garantizará la seguridad de los candidatos locales que lo soliciten y reiteró que los candidatos a cargos federales tendrán protección por parte de la Federación.
