/ jueves 8 de febrero de 2024

Elecciones se pueden anular por intervención del crimen, advierte magistrado del TEPJF

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña ha alertado en distintas ocasiones sobre el problema que representa el crimen organizado en la elección de 2024

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña advirtió que una elección se puede anular por eventos relacionados con el crimen organizado, esto en respuesta a la preocupación de los partidos políticos sobre la intervención de grupos criminales en los comicios del próximo 2 de junio.

En conferencia de prensa, el magistrado De la Mata Pizaña, quien ha alertado en distintas ocasiones sobre el problema que representa el crimen organizado en la elección, explicó que ley establece supuestos en los cuales se puede anular una elección, entre los que se incluye la violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada.

“Ante la pregunta de si se puede anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado, la respuesta es: sin duda”, dijo.

El magistrado indicó que la anulación es el último escenario que se contempla, pues dijo que antes tienen que tomarse las decisiones necesarias para que la anulación no se dé, ya que si se llega a ese escenario se habría “fracasado como organización electoral”.

En cuanto a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña indicó que los legisladores tienen que ser muy cuidadosos, pues advirtió que habría una afectación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a varios órganos, como los tribunales locales que la iniciativa presidencial pretende desaparecer.

De la Mata Pizaña agregó que las mejores reformas electorales se han dado al final de un sexenio presidencial y por consenso de todas las fuerzas políticas, contrario al caso actual en el que la reforma se presenta a siete meses de concluir el mandato de López Obrador y con un rechazo expreso por los partidos de oposición.

En tanto, la magistrada Mónica Soto Fregoso dijo esperar una responsabilidad mayor del Congreso de la Unión y que se generen foros y parlamentos abiertos como se han hecho con otras reformas.

“Ojalá ahora también se nos dé esa oportunidad de ser escuchados en el Congreso, y ahí manifestaremos nuestra opinión seguramente”, dijo.

En tanto, el magistrado Felipe Fuentes Barrera se pronunció en contra de la desaparición de los tribunales electorales locales que propone el presidente.

“Yo me pronuncié por la necesidad de que prevalezca la justicia electoral en cualquier nivel local porque el federalismo es uno de los principios que nos debe guiar y es la justicia más cercana a la gente”, expresó.

El magistrado Fuentes Barrera urgió a los diputados a reformar la Ley de Medios de Impugnación para que los denunciantes no tengan toda la responsabilidad de probar una violación a la ley electoral.

“En lo que considero que debemos actuar de inmediato, es pidiéndole al Congreso que pueda modificar nuestra legislación en materia de medios de impugnación, es una ley rezagada, es una ley que no prevé la instrumentalización de los adelantos tecnológicos, por ejemplo, y que también obliga a que quien presente un recurso o un medio de impugnación a probar los hechos”, dijo.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña advirtió que una elección se puede anular por eventos relacionados con el crimen organizado, esto en respuesta a la preocupación de los partidos políticos sobre la intervención de grupos criminales en los comicios del próximo 2 de junio.

En conferencia de prensa, el magistrado De la Mata Pizaña, quien ha alertado en distintas ocasiones sobre el problema que representa el crimen organizado en la elección, explicó que ley establece supuestos en los cuales se puede anular una elección, entre los que se incluye la violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada.

“Ante la pregunta de si se puede anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado, la respuesta es: sin duda”, dijo.

El magistrado indicó que la anulación es el último escenario que se contempla, pues dijo que antes tienen que tomarse las decisiones necesarias para que la anulación no se dé, ya que si se llega a ese escenario se habría “fracasado como organización electoral”.

En cuanto a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña indicó que los legisladores tienen que ser muy cuidadosos, pues advirtió que habría una afectación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a varios órganos, como los tribunales locales que la iniciativa presidencial pretende desaparecer.

De la Mata Pizaña agregó que las mejores reformas electorales se han dado al final de un sexenio presidencial y por consenso de todas las fuerzas políticas, contrario al caso actual en el que la reforma se presenta a siete meses de concluir el mandato de López Obrador y con un rechazo expreso por los partidos de oposición.

En tanto, la magistrada Mónica Soto Fregoso dijo esperar una responsabilidad mayor del Congreso de la Unión y que se generen foros y parlamentos abiertos como se han hecho con otras reformas.

“Ojalá ahora también se nos dé esa oportunidad de ser escuchados en el Congreso, y ahí manifestaremos nuestra opinión seguramente”, dijo.

En tanto, el magistrado Felipe Fuentes Barrera se pronunció en contra de la desaparición de los tribunales electorales locales que propone el presidente.

“Yo me pronuncié por la necesidad de que prevalezca la justicia electoral en cualquier nivel local porque el federalismo es uno de los principios que nos debe guiar y es la justicia más cercana a la gente”, expresó.

El magistrado Fuentes Barrera urgió a los diputados a reformar la Ley de Medios de Impugnación para que los denunciantes no tengan toda la responsabilidad de probar una violación a la ley electoral.

“En lo que considero que debemos actuar de inmediato, es pidiéndole al Congreso que pueda modificar nuestra legislación en materia de medios de impugnación, es una ley rezagada, es una ley que no prevé la instrumentalización de los adelantos tecnológicos, por ejemplo, y que también obliga a que quien presente un recurso o un medio de impugnación a probar los hechos”, dijo.

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