Grupo México celebró el fallo del panel laboral a favor de México en el caso de la mina San Martín, del municipio de Sombrerete en Zacatecas, pues las autoridades mexicanas llevaron a cabo una “exitosa defensa de la soberanía”.
El consorcio minero reiteró su confianza en las autoridades mexicanas y en el sistema judicial del país frente a paneles laborales en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Este viernes la Secretaría de Economía informó que en el caso de la mina San Martín, resuelto mediante un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, se determinó la incompetencia de naciones extranjeras para resolver el tema.
La dependencia federal expuso que el conflicto entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sindicato Minero) y Grupo México, se remonta a que durante 16 años Grupo México violó la libertad sindical de mineros. Sin embargo, es un tema que sólo pueden resolver las autoridades mexicanas, sobre todo porque se originó antes de la firma del T-MEC.
La minera denunció que en este caso “prevaleció el interés nacional ante demandas frívolas y carentes de fundamento del sindicato que controla el senador Napoleón Gómez Urrutia”.
Asimismo, la minera acusó al senador morenista de tener intereses económicos y agendas políticas que lo impulsaron a buscar a jurisdicciones extranjeras, como las de Estados Unidos y Canadá, para que intervengan en asuntos laborales del país.
“Grupo México reitera su compromiso con el estado de derecho y celebra de manera especial que esta resolución haya refrendado el respeto a la voluntad de los mineros de San Martín”, destacó la minera.
El caso de la mina San Martín data de cuando Estados Unidos pidió revisar la vulneración de los derechos sindicales por parte de Grupo México a raíz de una huelga minera que estalló en 2007.
En el panel laboral se reconoció que el consorcio minero sí violó derechos de libertad sindical y negociación colectiva durante 16 años, entre otras irregularidades.
Sin embargo, la Secretaría de Economía precisó que el caso le compete únicamente a las autoridades mexicanas como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual “ya había atribuido la responsabilidad de la huelga a la parte patronal, ordenando el pago de salarios caídos y diversas prestaciones”.
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La resolución del panel laboral a favor de México también fue celebrada por el Gobierno federal al considerar que los Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida son herramientas útiles para defender los derechos laborales, no obstante, se deben utilizar de manera razonable y proporcional.
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