/ jueves 10 de octubre de 2019

Persecución fiscal se limita a empresas factureras, aclara Hacienda

El secretario de Hacienda explicó que no se perseguirá a las empresas que tengan actividades económicas ni a las que tengan ingresos anuales menores a 30 mdp

La modificación al Código Fiscal para tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada se limita a las empresas factureras que reporten ingresos por 30 millones de pesos anuales, lo que equivale a casi 10 millones anuales en impuestos y no a las compañías que tienen actividades empresariales, aclaró Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En conferencia de prensa conjunta con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Herrera dijo que la dependencia no perseguirá a las empresas que demuestran que tienen actividades económicas ni a las que tengan ingresos anuales menores a 30 millones de pesos.

"Las empresas fantasmas son un tipo muy específico, existen legalmente, es decir, tienen domicilio fiscal, y RFC pero no tienen ninguna actividad económica y el único objeto es defraudar al fisco.

"Quiénes no caerían aquí: si hay una empresa establecida correctamente, una panadería que vende conchas y por alguna razón usa una factura falsa, no es una empresa facturera, porque esa sí esta vendiendo conchas. Está cometiendo una irregularidad, pero no cae dentro de los supuestos de delincuencia organizada", detalló el funcionario.

En la conferencia, Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, aseguró que para proceder a una investigación por defraudación al grado de delincuencia organizada, la factutera tiene que estar conformada por tres o más personas que se asocian con el único fin de defraudar al fisco a través de la venta de certificados fiscales ficticios y que reporten ingresos anuales superiores a 30 millones de pesos.

Además, el secretario de Hacienda precisó que la mayoría de las operaciones detectadas por facturas falsas están ligadas al lavado de dinero, aunque no precisó el monto.

En su intervención, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó que están prácticamente terminados los ajustes fiscales que solicitaron a la SHCP, aunque consideró que todavía falta una precisión en la propuesta de modificación al Código Fiscal que precise que no se perseguirá a las empresas que tengan actividades económicas.

Finalmente, Carlos Romero Aranda aseguró que el sector privado es un aliado en el combate a la defraudación fiscal.

"Las empresas no son parte del problema, son parte de la solución", afirmó.

La modificación al Código Fiscal para tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada se limita a las empresas factureras que reporten ingresos por 30 millones de pesos anuales, lo que equivale a casi 10 millones anuales en impuestos y no a las compañías que tienen actividades empresariales, aclaró Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En conferencia de prensa conjunta con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Herrera dijo que la dependencia no perseguirá a las empresas que demuestran que tienen actividades económicas ni a las que tengan ingresos anuales menores a 30 millones de pesos.

"Las empresas fantasmas son un tipo muy específico, existen legalmente, es decir, tienen domicilio fiscal, y RFC pero no tienen ninguna actividad económica y el único objeto es defraudar al fisco.

"Quiénes no caerían aquí: si hay una empresa establecida correctamente, una panadería que vende conchas y por alguna razón usa una factura falsa, no es una empresa facturera, porque esa sí esta vendiendo conchas. Está cometiendo una irregularidad, pero no cae dentro de los supuestos de delincuencia organizada", detalló el funcionario.

En la conferencia, Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, aseguró que para proceder a una investigación por defraudación al grado de delincuencia organizada, la factutera tiene que estar conformada por tres o más personas que se asocian con el único fin de defraudar al fisco a través de la venta de certificados fiscales ficticios y que reporten ingresos anuales superiores a 30 millones de pesos.

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