Mientras la comunidad medioambiental del mundo se reunió recientemente en Estocolmo, Suecia, buscando acelerar la transformación hacia un futuro sostenible, la protección ambiental y de especies en Baja California avanza en la dirección correcta, pero urge acelerar el paso.
Al respecto, José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), destacó la importancia de la reunión "Estocolmo+50: un planeta sano para la prosperidad de todos - nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad".
Recordó que la ONU convocó a la comunidad medioambiental a esta importante reunión internacional a principios de junio, cinco décadas después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, a fin de lograr la acción audaz y urgente necesaria para asegurar un futuro mejor en un planeta sano.
Aunque hay pocas señales de éxito durante estas cinco décadas, comentó Zavala Álvarez, hay importantes avances, uno de ellos es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos para la protección de especies.
“El Protocolo de Montreal para combatir el hoyo de ozono, la gasolina sin plomo, limitar el uso del mercurio, la Cites, muestran el poderoso potencial de los acuerdos para, con ánimo y férrea voluntad, acelerar el paso en contra del cambio climático, proteger la biodiversidad y reducir la contaminación”, consideró.
En el caso de Baja California, añadió que desde 1992 se creó la ley estatal de medioambiente y los últimos 30 años han sido de victorias modestas, pero importantes, como la creación del Consejo Estatal de Protección Ambiental (CEPA) o los avances en el manejo de residuos y la profesionalización de perfiles en empresas y gobiernos.
“Surgieron metas para reducir la generación de residuos y elevar la fracción de reciclaje; estímulos al reúso de agua residual; responsables técnicos ambientales en empresas; perfiles profesionales técnico especializados en los funcionarios públicos; verificación vehicular; áreas naturales protegidas; más áreas verdes y separación de residuos”, dijo.
En Estocolmo, opinó, se evaluaron 50 años de acción multilateral y ello nos invita a reflexionar lo alcanzado en Baja California durante 30 años de retos gigantes y victorias modestas, para recargar ánimos y con férrea voluntad construir esperanza, debemos acelerar el paso por la supervivencia de nuestra especie, porque claudicar no es opción.
“Treinta años después, el CEPA es autoridad, pero la estructura cambió y el gobierno tiene más sillas; la verificación vehicular ambiental pasó de competencia municipal a estatal, se implementó con éxito parcial y hoy no se aplica; las metas cuantitativas en reducción de residuos y reciclaje se retiraron de la ley”, afirmó.
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Ningún gobierno municipal, continuó Zavala Álvarez, realiza un manejo separado de la basura común, además de que en Baja California se generan casi un millón de toneladas al año de residuos de manejo especial, residuos que son manejados por 300 empresas autorizadas por el gobierno estatal.
“La red de 14 estaciones de monitoreo de la calidad de aire funciona parcialmente y una amplia red comunitaria con casi 150 sensores de bajo costo la complementa; el estado co-administra el parque San Pedro Mártir, donde se reintrodujo con éxito el cóndor de California, prácticamente extinto hace 70 años; vuelan más de 40 ejemplares”, sostuvo.
Agregó que en Baja California hay 12 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), como la Reserva Natural Estatal San Quintín, propiedad del gobierno estatal, además de que el Parque Estatal Arroyo San Miguel se volvió la primera Área Natural Protegida de carácter estatal y queda una larga lista en espera.
En materia de agua, el egresado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable LEAD-México, que oferta el Colegio de México, recordó que el acuífero de San Quintín se agotó y no se alcanza a recargar con el agua que se alimenta de los 3 arroyos que bajan de San Pedro Mártir.
“La agricultura de San Quintín se redujo de 50 mil hectáreas a 10 mil, pero claro que el valor económico de lo que producen ahora es siete veces más que si fuera el valle completo y esa agricultura depende de ósmosis inversa, se utiliza agua salobre tratada para riego en agricultura cubierta de plástico”, explicó.
En materia de reúso de agua, José Carmelo Zavala indicó que Mexicali y Ensenada han avanzado en el tema, pero en Tijuana es aún incipiente, dado que aún no ha podido concretarse el proyecto de enviar un metro cúbico por segundo al Valle de Guadalupe, por lo que el acuífero del Valle de Guadalupe también está perjudicado.
“Tenemos la laguna de tratamiento de aguas residuales del oeste de Mexicali, que se usa para agua de enfriamiento en las termoeléctricas que están por La Rosita, y el agua tratada en Las Arenitas, al sur de Mexicali, se va al río Hardy; en Ensenada, las aguas tratadas en El Naranjo, se van para riego a Maneadero”, comentó.
Resaltó la colaboración en la frontera Tijuana-San Diego, con la planta de tratamiento de aguas residuales que está del lado americano y trata aguas del lado mexicano, la cual duplicará su capacidad con el presupuesto autorizado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) de 300 millones de dólares.
“Ahora faltará ver cómo retornamos esas aguas ya bien tratadas en el lado norte de la frontera, para traerlas acá y poderlas reutilizar; tal vez esto es una opción para Valle de Guadalupe, porque van a ser unos 2.6 metros cúbicos por segundo”, estimó.
Ya la EPA, destacó Zavala Álvarez, está poniendo 20 millones de dólares para reinyectar las aguas bien tratadas de La Morita y Los Olivos, hasta el Valle de las Palmas, faltará el equivalente del lado mexicano, unos 400 millones de pesos, para realizar el proyecto, pero está financieramente en camino.
“La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) mostraron la necesidad de ver a la frontera ya no como línea, sino como una región de 400 kilómetros de ancho y 3 mil de largo, donde los países se consultan y respetan sus jurisdicciones en un proceso productivo y rentable”, enfatizó.
Finalmente, recordó que cinco municipios de Baja California tienen una dependencia ambiental en su estructura, mientras que la Dirección General de Ecología pasó a Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el gobierno estatal, por lo que calificó como señal esperanzadora la evolución institucional en empresas y gobiernos.
