Integrantes de diversas organizaciones tienen programado iniciarel próximo viernes con actividades de recolección de firmas parademandar por juicio político a diputados locales que aprobaron elpago a empresas que participarían en diversos proyectoshidráulicos para la dotación de agua a diversas zonas pobladas deBaja California.
Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa que tuvo lugaren el Centro Cívico por el abogado Fernando Rosales Figueroa quienes asesor jurídico de organizaciones manifestantes y miembro delColegio de Abogados en Mexicali, tras denunciar que antes de que seaprobará la recién derogada Ley de Agua a causa de lasmovilizaciones la administración estatal firmó contratos de pagoalgunas empresas.
Entre otras anomalías señaló que se desconoce si estasempresas tienen años funcionando o se acaban de registrar ante elRegistro Público de la Propiedad y el Comercio y es algo quehabrán de investigar y estos contratos de obligaciones de pagofueron autorizados por el Congreso del Estado el mismo día que seaprobó la Ley del Agua.
Esto es el pasado 19 de diciembre del 2016 y el dictamenpublicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre deeste mismo año situación que no fue informada a la ciudadaníapor los diputados como es su obligación por lo cual cayeron enirregularidades que pueden hacerse acreedores a una sanciónademás de que los contratos tienen fechas del 2015 entre la SIDUEla CEABC y las APP.
“El silencio hace cómplices de esto a los diputados yrepresenta un abuso de poder que afecta a la ciudadanía, pues sonmuchos millones de pesos que tendrían que desembolsar de lasfinanzas públicas en beneficio de unas empresas en proyectos queno estarían concretados…” y que resaltó es algo queagravaría las dificultades de las finanzas públicasestatales.
Mostró copias de parte del dictamen 62 de la Comisión deHacienda y Presupuesto de la XXII Legislatura del Estado en dondese aprueba lo anterior con 21 votos a favor tres en contra y unaabstención y donde menciona una reserva presentada por la diputadaMaría Vázquez Aguilar y que fue leído por la diputada RocíoLópez Gorozave.
El dictamen contiene el Decreto 57 en donde su artículo primeroratifica y autoriza “las obligaciones de pago de los siguientesentes contratantes a favor de las empresas por los importesmensuales estimados (monto máximo) por concepto decontraprestación derivado de los Contratos de Asociación PúblicaPrivada (CAPP) más el Impuesto al Valor Agregado…”
“…asimismo para la contratación de obligaciones delproyecto “Ampliación, Rehabilitación, Modernización,Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora La Nopaleraen la ciudad de Tecate BC…”
Abajo se publica un recuadro donde es menciona el entecontratante, la clase de proyecto, la empresa beneficiada, elnúmero de contrato de asociación pública privada, el importe dela contraprestación mensual sin IVA, así como el período por elcual se pagaría el monto económico aprobado, pero todos ellos deconvocatorias del 2015.
Los presuntos beneficiarios
De esta manera la empresa Aguas de Rosarito SAPI de CV por laConstrucción financiamiento y operación de una plantadesalinizadora en Playas de Rosarito recibiría 149 millones 312mil 18 pesos a partir de junio del 2019 por 37 años y la empresacontratante fue la Comisión Estatal del Agua de Baja California yla Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Por su parte la firma Desaladora Kenton SA de CV se le autorizóun contrato por 11 millones 136 mil 150 pesos a partir de enero del2018 por espacio de 30 años, para el proyecto de Sistema IntegralHídrico San Quintín SA de CV en Ensenada, de la CEABC y laComisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).
También la Operadora de Pluviales de Mexicali SA de CV se leautorizó un contrato por 2 millones 453 mil 228 pesos por 15 añospara el programa de Construcción de Tubería Troncal de DrenajesPluviales Prioritarios y el ente contratante sería la ComisiónEstatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM).
