/ martes 7 de julio de 2020

Alcaldesa de Tecate denuncia ante FGR a Bonilla y Amador

Zulema Adams Pereira sacó de Tecate a sus hijos porque ha recibido amenazas de muerte

La alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereira, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, una denuncia en contra del gobernador Jaime Bonilla Valdez y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, por amenazas.

Acompañada por las senadoras Alejandra León Gastélum y Citlali Hernández Mora, la primera edil de Tecate acudió la mañana de ayer a la Ciudad de México, para presentar la denuncia por amenazas en su contra por parte de los personajes antes mencionados.

Ante un medio de la capital del país, Adams Pereyra mencionó que teme por su vida y la de sus hijos y que ha recibido amenazas de muerte, por lo que los ha sacado del municipio de Tecate.

Zulema Adams Pereyra, alcaldesa de Tecate | Cortesía @redes

INVOLUCRAN A AMLO

Relató que el 27 de junio recibió en su oficina del Palacio Municipal a Rodríguez Lozano, para impulsar de nueva cuenta la “Ley Bonilla II”, para que el período del próximo gobernador sea de 3 años, que la iba a presentar el gobernador Bonilla Valdez y que eran instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Le contestó que este tema es algo que debe decidir todo el cabildo, que tiene su derecho a ejercer su voto, eso no depende de ella, a lo que le dijo que se estaba oponiendo y le sentenció, “atente a las consecuencias”.

El 28 de junio, varios medios de comunicación empezaron a manejar la versión de que ella podría ser destituida, enfrentar prisión y hasta ese momento no sabían bien de qué se trataba, hasta después supieron que era una deuda que tenía el municipio con la empresa Gasmart, por cerca de 6 millones de pesos y que data del 2009.

Mencionó que un periódico de Tijuana publicó el lunes 29 de junio, a ocho columnas sobre su posible destitución, cuando en ese día tampoco sabía de qué se trataba eso.

Fue hasta las 13:30 horas que le llegó el citatorio por parte de la Fiscalía General del Estado, que insistieron, solo se lo entregarían a ella en sus propias manos, a pesar de que cuentan con un departamento jurídico para eso, por lo que regularmente esto no sucede.

Todo esto tiene como antecedente, el que el cabildo de Tecate votó en contra de la llamada “Ley Gandalla”, con la que los munícipes y diputados locales, pueden hacer campaña para su reelección sin separarse del cargo.

Para esto, Tecate fue el único municipio que votó en contra de la reforma, ya que Playas de Rosarito lo aprobó, Tijuana lo mandó a comisiones, mientras Mexicali y Ensenada no sesionaron, por lo que ésta fue aprobada por afirmativa ficta, al haber pasado 30 días después de que la recibieron.

Relató que por medio de una videollamada, el gobernador Bonilla Valdez le cuestionó el sentido de su voto sobre la referida reforma a lo que ella le contestó que lo había votado en contra.

Te están cuestionando sobre tu voto, cómo fue y eso no debe de ser, uno tiene su voto libre, por eso hemos luchado por tantas cosas

Mencionó que todo este asunto es político, primero estuvo la “Ley Bonilla I”, que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después el dictamen 37 de la no separación del cargo de ediles y diputados para hacer campaña y ahora viene la “Ley Bonilla II”.

Desgraciadamente si no cooperas o no haces las cosas al modo de ellos, pues hay repercusiones, como me advirtió el secretario que me estarían pasando

Lo sufrido por Adams Pereyra, por parte del gobernador y el secretario general de gobierno es violencia de género, se trata de un delito y tiene sus consecuencias, manifestó la consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Maricarmen Rioseco Gallegos.

Este fin de semana trascendió en una publicación a nivel estatal, la declaración de la alcaldesa de Tecate, en referencia a que había recibido amenazas por parte de Rodríguez Lozano, para que apoyara una reforma a la Constitución.

Posteriormente, en una de sus transmisiones diarias, Bonilla Valdez señaló que la alcaldesa “se la pasa en el salón de belleza, no atiende a la ciudadanía... se sienten amenazados cuando se dice que tienen que hacer su trabajo, no se puede levantar a las 5 de la mañana para trabajar. En pueblo chico, chisme grande”.

Rioseco Gallegos, por medio de un video mencionó que la alcaldesa ya ha presentado una denuncia al respecto y ahora está siendo acosada a través de las redes sociales por medios corruptos, recibiendo amenazas contra ella y sus hijos, con comentarios groseros, acusaciones falsas e intervenciones en su vida personal, por el propio Ejecutivo.

Esto es violencia de género, violencia política y de comprobarse, se incurre en un delito que tiene sus consecuencias.

La violencia política es definida como actos u omisiones por los cuales se presione, persiga, accione, coaccione, ridiculice, veje, discrimine, amenace o prive de su vida por razón de su género

Lo anterior con el fin de limitar, condicionar, excluir, impedir o anular el ejercicio de sus derechos políticos, electorales o su acceso pleno al ejercicio del poder público, que es su caso, sea perpetrado por persona o grupo de personas.



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La alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereira, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, una denuncia en contra del gobernador Jaime Bonilla Valdez y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, por amenazas.

Acompañada por las senadoras Alejandra León Gastélum y Citlali Hernández Mora, la primera edil de Tecate acudió la mañana de ayer a la Ciudad de México, para presentar la denuncia por amenazas en su contra por parte de los personajes antes mencionados.

Ante un medio de la capital del país, Adams Pereyra mencionó que teme por su vida y la de sus hijos y que ha recibido amenazas de muerte, por lo que los ha sacado del municipio de Tecate.

Zulema Adams Pereyra, alcaldesa de Tecate | Cortesía @redes

INVOLUCRAN A AMLO

Relató que el 27 de junio recibió en su oficina del Palacio Municipal a Rodríguez Lozano, para impulsar de nueva cuenta la “Ley Bonilla II”, para que el período del próximo gobernador sea de 3 años, que la iba a presentar el gobernador Bonilla Valdez y que eran instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Le contestó que este tema es algo que debe decidir todo el cabildo, que tiene su derecho a ejercer su voto, eso no depende de ella, a lo que le dijo que se estaba oponiendo y le sentenció, “atente a las consecuencias”.

El 28 de junio, varios medios de comunicación empezaron a manejar la versión de que ella podría ser destituida, enfrentar prisión y hasta ese momento no sabían bien de qué se trataba, hasta después supieron que era una deuda que tenía el municipio con la empresa Gasmart, por cerca de 6 millones de pesos y que data del 2009.

Mencionó que un periódico de Tijuana publicó el lunes 29 de junio, a ocho columnas sobre su posible destitución, cuando en ese día tampoco sabía de qué se trataba eso.

Fue hasta las 13:30 horas que le llegó el citatorio por parte de la Fiscalía General del Estado, que insistieron, solo se lo entregarían a ella en sus propias manos, a pesar de que cuentan con un departamento jurídico para eso, por lo que regularmente esto no sucede.

Todo esto tiene como antecedente, el que el cabildo de Tecate votó en contra de la llamada “Ley Gandalla”, con la que los munícipes y diputados locales, pueden hacer campaña para su reelección sin separarse del cargo.

Para esto, Tecate fue el único municipio que votó en contra de la reforma, ya que Playas de Rosarito lo aprobó, Tijuana lo mandó a comisiones, mientras Mexicali y Ensenada no sesionaron, por lo que ésta fue aprobada por afirmativa ficta, al haber pasado 30 días después de que la recibieron.

Relató que por medio de una videollamada, el gobernador Bonilla Valdez le cuestionó el sentido de su voto sobre la referida reforma a lo que ella le contestó que lo había votado en contra.

Te están cuestionando sobre tu voto, cómo fue y eso no debe de ser, uno tiene su voto libre, por eso hemos luchado por tantas cosas

Mencionó que todo este asunto es político, primero estuvo la “Ley Bonilla I”, que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después el dictamen 37 de la no separación del cargo de ediles y diputados para hacer campaña y ahora viene la “Ley Bonilla II”.

Desgraciadamente si no cooperas o no haces las cosas al modo de ellos, pues hay repercusiones, como me advirtió el secretario que me estarían pasando

Lo sufrido por Adams Pereyra, por parte del gobernador y el secretario general de gobierno es violencia de género, se trata de un delito y tiene sus consecuencias, manifestó la consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Maricarmen Rioseco Gallegos.

Este fin de semana trascendió en una publicación a nivel estatal, la declaración de la alcaldesa de Tecate, en referencia a que había recibido amenazas por parte de Rodríguez Lozano, para que apoyara una reforma a la Constitución.

Posteriormente, en una de sus transmisiones diarias, Bonilla Valdez señaló que la alcaldesa “se la pasa en el salón de belleza, no atiende a la ciudadanía... se sienten amenazados cuando se dice que tienen que hacer su trabajo, no se puede levantar a las 5 de la mañana para trabajar. En pueblo chico, chisme grande”.

Rioseco Gallegos, por medio de un video mencionó que la alcaldesa ya ha presentado una denuncia al respecto y ahora está siendo acosada a través de las redes sociales por medios corruptos, recibiendo amenazas contra ella y sus hijos, con comentarios groseros, acusaciones falsas e intervenciones en su vida personal, por el propio Ejecutivo.

Esto es violencia de género, violencia política y de comprobarse, se incurre en un delito que tiene sus consecuencias.

La violencia política es definida como actos u omisiones por los cuales se presione, persiga, accione, coaccione, ridiculice, veje, discrimine, amenace o prive de su vida por razón de su género

Lo anterior con el fin de limitar, condicionar, excluir, impedir o anular el ejercicio de sus derechos políticos, electorales o su acceso pleno al ejercicio del poder público, que es su caso, sea perpetrado por persona o grupo de personas.



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