La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer la llamada “Ley Bonilla” que ampliaba de dos a cinco años el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, al considerar que desde el Congreso de esta entidad se fraguó un fraude postelectoral, que se convirtió en una violación a la Constitución y puso en riesgo la democracia.
Para los ministros, con las acciones que llevaron a los diputados locales a extender la administración de Bonilla Valdez hasta 2024, se violaron una serie de derechos como el del voto público, a la soberanía popular y al principio democrático.
Esto sumado a que los legisladores hicieron caso omiso a la veda legislativa, al principio de elecciones periódicas, libres y auténticas así como la prohibición de retroactividad y al derecho a votar y ser votado.
De esta forma, por unanimidad de once votos, la Suprema Corte echó abajo la denominada “Ley Bonilla” por lo que ahora, las próximas elecciones para gobernador de Baja California serán en 2021.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, puntualizó que la reforma configuró un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático de nuestro país fraguado por el Congreso de Baja California en favor de Bonilla Valdez.
Incluso se clarificó que alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, con la llamada “Ley Bonilla” se cambió el efecto que los votos deberían tener conforme a las reglas del juego previamente acordadas, lo que vulneró la esencia del proceso democrático como forma de limitación del poder.
REELECCIÓN DISFRAZADA
El ministro Luis María Aguilar Morales aprovechó este debate para recordar la prohibición constitucional a la reelección que, dijo, prevalece para el poder Ejecutivo Federal y local.
“Prorrogar desde el propio poder político el periodo de duración de un mandato para un cargo ya elegido en otras condiciones implica pretender impedir que exista una verdadera contienda para desempeñarlo y por tanto, se convertiría en una reelección disfrazada”, argumentó Aguilar Morales.
Tras revisar la procedencia de las impugnaciones presentadas por partidos políticos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ministro Fernando Franco González Salas presentó ante el pleno de la Corte su proyecto de sentencia y expuso que no puede haber una elección democrática de gobernantes sin el conocimiento certero de la duración del cargo.
Juan Luis González Alcántara Carrancá consideró que esta reforma atropella el derecho al voto de la ciudadanía, pues buscó modificar las condiciones mediante las cuales se expresó la voluntad del electoral.
Por su parte el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideró que la reforma que amplió el mandato al actual gobierno de Baja California es inconstitucional y se sumó a la propuesta de Franco González Salas pues, dijo, el sistema democrático quedaría lesionado de dar la razón a Bonilla Valdez.
Incluso la ministra Yasmín Esquivel, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador también consideró que la “Ley Bonilla” es inconstitucional al considerar que viola el que las leyes electorales deben publicarse antes de un proceso electoral.
ABUSO DE PODER
La ministra Norma Piña consideró que cuando un poder público como el Congreso de Baja California violenta los principios de la Constitución y los derechos de la ciudadanía pues “nos encontramos frente a un atentado contra la democracia y contra la Carta Magna. Este abuso de poder es una seria amenaza para nuestra vida democrática”.
El octavo voto, con el que se alcanzó la mayoría necesaria para echar atrás la reforma con la que benefició a Bonilla Valdez, fue el de Javier Laynez quien destacó que se violó el artículo 105 de la Constitución pues la reforma de ampliación de mandato fue posterior al proceso electoral.
El Ministro Alberto Pérez Dayán destacó durante su participación que no basta con que se diga que se amplió el periodo porque el pueblo quiere porque aunque lo pida, si viola los principios de la democracia, es inválido.
Los últimos ministros en emitir sus posturas fueron Margarita Ríos Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo quienes, al igual que el resto de los integrantes de la Suprema Corte externaron su reconocimiento al proyecto realizado por Fernando Franco y señalaron las violaciones a la Constitución que implicó la “Ley Bonilla”.
