Baja California cuenta con un rezago de más de 23 mil millones de pesos (mdp) en infraestructura hídrica, lo que lo hace vulnerable ante la sequía que se ha presentado en la cuenca del Río Colorado, por lo que el Congreso del estado ha aprobado un crédito de hasta 3 mil 500 mdp para ejercerlos en 2023 en este rubro.
La autorización se aprobó en la sesión del reciente lunes 19 y la fecha límite para ejercer los recursos del o los financiamientos bursátiles y/o bancarios será hasta el 31 de diciembre de 2023.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura presentó en la citada sesión su dictamen número 158, referente a la solicitud del Poder Ejecutivo encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, para poder gestionar este crédito.
De los 3 mil 500 mdp solicitados, un monto de hasta 3 mil mdp se destinará para infraestructura hidráulica y su equipamiento; el resto para inversión pública productiva.
En su exposición de motivos, el inicialista señala que en Baja California existe un rezago de más de 23 mil mdp en infraestructura hídrica, por lo que hay que abatirlo ante la extensa sequía que se ha presentado.
Según la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Ensenada tiene una oferta actual de agua de 30.1 millones de metros cúbicos al año (mm3/año) y una demanda de 32.7 mm3/año, presentando un déficit de 2.6 mm3/año, equivalente a 82.5 Litros por segundo (l/s) promedio anual.
Tecate tiene una oferta actual de 8.9 mm3/año contra una demanda de 10.6 mm3/año presentando un déficit de 1.7 mm3/año, equivalente a 54.0 l/s promedio anual.
San Quintín tiene una oferta actual de 3.0 mm3/año contra una demanda de 8.4 mm3/año presentando un déficit de 5.4 mm3/año, equivalente a 171 l/s promedio anual.
Tijuana y Playas de Rosarito tienen una oferta actual de 157.7 mm3/año contra una demanda de 173.5 mm3/año presentando un déficit de 15.8 mm3/año, equivalente a 501 l/s promedio anual.
Mexicali y San Felipe tienen asegurado el abasto de agua hasta el año 2035.
Además de la creciente demanda de agua, existen factores que han limitado la oferta del vital líquido, como la falta de mantenimiento a la infraestructura, la mala gestión de organismos operadores del agua y la casi nula inversión en el sector por parte de las pasadas administraciones, todo ello ha contribuido en acrecentar la problemática: Las condiciones críticas de infraestructura de saneamiento y la falta de cobertura en localidades.
La infraestructura actual de colectores, emisores, cárcamos y plantas de bombeo de aguas residuales se encuentran en condiciones críticas con gran porcentaje de vida útil rebasada, operando con riesgos de colapso, ocasionando derramas y riesgos a la salud.
La mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) instaladas en el Estado, tienen capacidades insuficientes y con equipamiento operando con bajas eficiencias.
No se cuenta con los recursos presupuestales suficientes para hacer frente a las rehabilitaciones, ampliaciones y construcción de infraestructura para asegurar una correcta operación del sistema de saneamiento.
En los últimos años las políticas públicas para la gestión del agua han carecido de una visión de largo plazo que procure la calidad y suficiencia en el tiempo de este recurso vital.
La falta de liderazgo en los Organismos Operadores de Agua (OOA), también ha provocado un abandono en la asignación de recursos para mantenimiento, reposición y ampliación de los servicios, en contraste, ha crecido excesivamente el gasto corriente en esos organismos.
Género
En lo que se refiere a inversión pública productiva, se señala la necesidad de disminuir la brecha de desigualdad de género existente, sobre todo, lo referente a la alerta de género en el estado, declarada por la Secretaría de Gobernación en 2021, por lo que se propone invertir 500 mdp en:
Centro de Justicia para Mujeres: Requiere inversiones en instalaciones y equipamiento necesario en cada municipio del Estado, así como equipos informáticos, software, circuito de seguridad, control de acceso, servicio de vigilancia, entre otros, por lo que se le destinarán 150 mdp.
Transporte Violeta: Es una configuración de rutas de transporte público creado para el uso exclusivo de mujeres y menores de 12 años que las acompañen, que mitiguen los riesgos de violencia de género. Actualmente se tienen contempladas 5 rutas para Baja California (Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Mexicali y Ensenada). El Poder Ejecutivo Estatal estima que de 1. 8 millones de mujeres en Baja California, poco más de 831 mil utilizan el transporte público (44.50%) y se invertirán 100 mdp.
Escuadrón Violeta: Requiere inversiones en instalaciones ad-hoc para las elementos del escuadrón; equipamiento de oficina y tecnológico en las instalaciones; patrullas; equipamiento táctico y de defensa (armamento, uniformes, protección, entre otros.). La inversión será de 55 mdp.
Diversos proyectos: Así también, el programa financiero señala la inversión en diversos proyectos asociados al impulso de las mujeres y a los que se invertirán 195 mdp.
De los 3 millones, 769 mil 020 habitantes de Baja California reportados por el instituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) en 2020, el 49.6% son mujeres, es decir, 1 millón, 868 mil 431.
Pagos
Los pagos tendrán como una de sus principales fuentes el Impuesto Sobre Producto del Trabajo Personal, concepto por el que en 2023 se tiene proyectado recaudar 7 mil 593 mdp, mientras que en el 2053 serían 19 mil 394 mdp.
En lo que se refiere al financiamiento original de 3 mil 500 millones de pesos, se espera que para el año 2053 se hayan generado 6 mil 135 mdp de intereses, por lo que los bajacalifornianos terminarían pagando 9 mil 635 mdp.
Motivos
Escuchando las necesidades de las y los bajacalifornianos se obtuvo como resultado que la distribución, así como saneamiento eficaz y eficiente del agua es un problema que, por su carácter de urgente, requiere medidas de atención integral en todo el Estado.
Así, la forma inmediata de atender el problema hídrico en la entidad es por medio de la deuda pública como herramienta del gobierno para la obtención de recursos financieros adicionales que fomenten el desarrollo económico y social de la Entidad ante situaciones emergentes como la planteada.
El destino que se proyecta para el financiamiento público aludido se concentra en la atención en el corto plazo y a gran escala del vasto proceso de captación, saneamiento, transportación y manejo del agua, por lo que es dable precisar, que los objetivos de los ajustes financieros a la Ley de Ingresos que se autorizaron, forman parte de las grandes obras hídricas que requiere Baja California.
Aunado a lo anterior, se busca que las inversiones público productivas beneficien a las mujeres a través de políticas públicas que contemplen la transversalidad de la perspectiva de género en su desarrollo y ejecución, la cual es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.
Por lo tanto, se debe favorecer el desarrollo de proyectos y acciones que estén orientados a disminuir las brechas de desigualdad de género en todos los ámbitos de la vida, impulsen la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura organizacional de la administración pública estatal, por lo que se propone el financiamiento de proyectos en los siguientes rubros de inversión:
Infraestructura en seguridad pública, salud, educación y social, con sus respectivos equipamientos.
Movilidad urbana y mejoramiento de infraestructura pública administrativa, para realizar las acciones de construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público, incluyendo edificación no habitacional, instalaciones y equipamiento en construcciones y trabajos de acabados en edificaciones.
Así como para la adquisición de bienes muebles, inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos y la adquisición de bienes asociados al equipamiento de bienes de dominio público en los que queda comprendido el equipo de administración.
