Los vehículos que circulan sin placas oficiales o con láminas extranjeras en Baja California conformarán un padrón oficial estatal a través de un pago anual que los hará acreedores a un engomado que además los hará sujetos a cumplir con la verificación ambiental.
Sin embargo, esto no significa que las unidades vayan a ver legalizada su estancia en el país y seguirán corriendo el riesgo de ser decomisadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Se trata de la propuesta que diseñó el gobernador Jaime Bonilla Valdez para identificar a los denominados autos “chocolate” que abarca a las unidades inscritas a Anapromex, ONNAPAFA y similares.
La noche del jueves los diputados que integran la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales en el Congreso del estado aprobaron la creación del Instituto de Identidad Vehicular, dependencia que quedará a cargo de dicho ejercicio.
Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno, reconoció que aunque este tipo de vehículos se registren no serán importados y podrán ser objeto de decomiso por las autoridades fiscales.
“Nosotros no garantizamos que los vehículos estarán legalmente en el país solamente lo hacemos para efecto de seguridad y de combate a la contaminación porque tendrán engomado que les permitirá que tengan verificación”.
El secretario general de gobierno afirmó que en el 80% de los delitos que se cometen en Baja California se ven involucrados vehículos que portan placas ilegales.
MIL PESOS POR ENGOMADO
El gobierno del estado propuso que los dueños de estos automóviles realizaran un pago anual de 1 mil pesos para recibir el engomado, sin embargo este aspecto no fue aprobado por el Congreso, ya que los diputados prefirieron apegarse a la Ley de Ingresos.
Rodríguez Lozano justificó el cobro que se hará a los ciudadanos con la necesidad de equipar al nuevo Instituto de Identidad Vehicular.
Tras aprobarse en comisiones, la estrategia de Bonilla Valdez contra los autos “chocolate” pasará a ser votada en el pleno del Congreso y de obtener mayoría se hará efectiva 90 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Aunque han surgido voces que cuestionan la legitimidad del padrón vehicular del gobierno del estado, el secretario general de gobierno afirmó que el gobernador sí tiene facultad para realizar una propuesta de este tipo.
“Que esperen unas semanas y lo verán, veremos quién tiene la razón, porque es un ejercicio soberano”.
La noche del jueves en comisiones del Congreso del estado también se votó a favor de que se considere como un delito la expedición de placas apócrifas.
En el dictamen 31 se establece que será sancionado con 2 a 9 años de cárcel a quien expida documentos falsos para la circulación de vehículos, práctica que han venido haciendo algunas organizaciones como Anapromex y ONNAPAFA que aseguran estar amparadas ante la justifica federal.
Además de prisión, los responsables de este delito también recibirán una sanción económica.
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