Una reforma a la Ley de Educación del estado en la que se prohíbe el condicionamiento a la inscripción en centros escolares, tanto públicos como privados, a la compra de ciertos útiles y uniformes, dio el primer paso al ser aprobada en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso Local.
Durante la sesión de la citada comisión que preside la diputada local por Morena, Dunnia Montserrat Murillo López, fue aprobado lo que se denominó el Dictamen número 9, relativo a la reforma a la Ley de Educación Estatal.
Una vez estudiado este dictamen, se aprobó con el siguiente resolutivo único. - Se reforma el artículo 126 de la Ley de Educación del Estado de Baja California, para quedar como sigue:
Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: XXIII. Condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de uniformes, materiales educativos, útiles escolares nuevos o de marcas específicas o que deban adquirirse en algún sitio exclusivo, así como de actividades extraescolares.
Se trata de la adición a la fracción vigésimo tercera del artículo 126 de la Ley en comento, presentada por el diputado local por el PVEM, César Adrián González García, el día 26 de septiembre del 2022.
La pretensión del inicialista es que las instituciones educativas no obliguen a las madres, padres o tutores de los alumnos a adquirir útiles escolares nuevos, de marcas o en lugares específicos por el impacto económico que eso representaría a los núcleos familiares.
Si bien los útiles escolares son necesarios para los procesos de enseñanza-aprendizaje y son dotados por los padres de familia, existen consideraciones respecto a su uso y sobre todo a su adquisición, señaló el inicialista en su exposición de motivos.
En Baja California, las madres y padres de familia realizan un gran esfuerzo para asegurar la educación de sus hijos e hijas, toda vez que la educación, es el pilar de una sociedad y es imperativo que las instancias gubernamentales tomen medidas para proteger y fomentar el pleno ejercicio educativo, de las niñas, niños, y adolescentes, evitando así prácticas que generen una carga financiera adicional.
La propuesta fortalece la protección del derecho a la educación, en favor principalmente de los estudiantes de educación básica de vulnerabilidad social, y siendo extensivo también para los particulares que ofrezcan sus servicios educativos en el sector privado.
