Como parte de las gestiones que se realizan a nivel nacional para el reconocimiento de los derechos de los agentes policiacos de todo el país, el presidente de la Federación Policial de Baja California, Alejandro Monreal Noriega, acudirá al Senado de la República en la Ciudad de México el martes 17 del presente mes.
“A nivel nacional hay una ruta en el Senado de la República, principalmente al Artículo 123 constitucional, tenemos más de 14 años que se reformó, en época de Felipe Calderón (2006-2012)."
“Donde el policía que ganaba un juicio en un juzgado, a pesar de haber demostrado su inocencia, no podía regresar a trabajar, entonces prácticamente estaba estigmatizado y perdía sus derechos laborales después de muchos años a pesar de haber demostrado su inocencia”.
Para este tema, como integrante de la Confederación Nacional de Policías, el próximo martes 17 tiene una reunión en el Senado de la República, con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador por Morena, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Se busca seguir avanzando en modificar el párrafo en mención, que viola los derechos de los policías que ganan un juicio.
Monreal Noriega mencionó que más de 2 mil policías han perdido su trabajo, si no es que más, de toda esta reforma que se hizo en la pasada década y que hasta ahora, nadie había volteado a ver.
Mientras que en la Cámara de Diputados, también traen una ruta para reformar el Artículo 40 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que habla de los derechos de los policías, y que es precisamente lo que se hizo en Baja California, donde no ocupaban que se reformara la ley federal para tener sus derechos.
Sin embargo, lo que buscan es que todos los policías del país, gocen de los derechos que tienen los de Baja California, por medio de una reforma a una ley federal.
“La ley maneja un listado como de 60 obligaciones, pero de derechos, muy pocos, entonces ahí deben de venir jubilaciones, prótesis, gastos funerarios, seguro de vida, bono de riesgos."
“Todo lo que conlleva las prestaciones, deben venir incluidas en una ley para que se respeten y los congresos reformen sus leyes estatales para que los municipios también reformen sus reglamentos y puedan accesar a esos derechos en todo el país”.
DESCARTAN ESPIONAJE
Tanto el fiscal general del estado, como el secretario de Seguridad Ciudadana, han descartado el uso de tecnologías intrusivas en teléfonos móviles, para sus labores de inteligencia, asegurando que todo se hará conforme a derecho, sin irrumpir en la privacidad de los bajacalifornianos.
Durante la pasada administración estatal, encabezada por el morenista Jaime Bonilla Valdez, su compadre y fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, solicitó al Congreso local la anuencia para la adquisición de equipo de intervención a teléfonos móviles, lo que le fue negado.
El fiscal general, Ricardo Iván Carpio Sánchez, manifestó desconocer qué pasó con su antecesor, aunque tiene entendido que la compra del equipo no pudo ser debido a que fue rechazada por el Congreso.
“No tenemos, ni mantenemos, ni tendremos equipos que tengan características para intervenir la privacidad de las personas, que la ley permite, que la ley establece con los procesos comprendidos; nosotros no tenemos equipo de esa naturaleza”.
Carpio Sánchez aclaró que la fiscalía ha sido muy precisa en mejorar la inteligencia en formas de obtener información, pero todas conforme al estado de derecho.
“Nosotros no somos espías, somos investigadores, queremos proteger a los inocentes y conducir a los responsables de los delitos a los procesos penales para que los sentencien y que no exista impunidad, pero siempre bajo el estricto apego a las normas que nuestro país establece”.
Por su parte, el recién nombrado secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Aguilar, ha mencionado en sus primeros mensajes que reforzarán las áreas de inteligencia de la corporación, pero esto no incluye el espionaje.
