/ miércoles 3 de julio de 2019

Cambian lineamientos de la “Beca Progreso”

Ahora se denomina Programa de Insumos y Mantenimiento para el Entorno Educativo

Desde abril de este año se empezó a aplicar una modificación en los lineamientos para lo que hace un par de años se llamó la “Beca Progreso”, en la cual la Secretaría y Contraloría de Transparencia Gubernamental encontró desvíos. LA VOZ DE LA FRONTERA publicó el lunes que uno de los cuatro funcionarios inhabilitados tras resultar involucrado en ese ilícito reintegró al erario 450 mil pesos y que al faltante asciende a 1 millón 73 mil 674.

Por esta razón desde el interior del Sistema Educativo Estatal se definieron nuevas reglas para la operación del programa ahora llamado de Insumos y Mantenimiento para el Entorno Educativo. Nicolás Quintero Russel, director de Apoyos e Infraestructura Educativa del Sistema Educativo Estatal (SEE), explicó que lo que se hizo fue establecer reglas claras en su operación. Se fijaron nuevos compromisos por parte de los directores de los centros educativos beneficiados, con el fin de que los recursos se apliquen debidamente. Comentó que, por ejemplo, se añadió la leyenda de no negociable a los cheques que se emiten para el programa, lo cual significa que no se puede transferir por ningún medio mercantil a un tercero.

Ahora el recurso tiene que ser depositado a una cuenta bancaria que es mancomunada con el director y el presidente o tesorero del Consejo de Participación Social de la escuela beneficiada, por lo que éstos también deben de vigilar su aplicación. “Si no es en esa cuenta, no se puede transferir a un tercero ese cheque”.

EXCEPCIÓN ÚNICA

La única excepción se aplica en aquellos centros educativos donde no existen Bancos cerca, sin embargo se tiene que hacer un acuerdo entre el director del centro educativo beneficiado y el Consejo de Participación Social para ejercer, gastar y comprobar el recurso. Aquí el Consejo de Participación Social tiene dos momentos claves en el ejercicio y comprobación de los recursos, puntualizó, dado que el director tiene la obligación de informar al Consejo que el recurso llegó debido a que se requiere abrir la cuenta mancomunada. Ahí se deposita el recurso y se ponen de acuerdo en lo que se va a gastar. Una vez ejercido el recurso, los directores tienen la obligación de que esas facturas vayan antefirmadas por el Consejo.

El funcionario resaltó que ahora hay una tercera intervención de la autoridad educativa, la cual supervisa que en efecto se haya aplicado lo que el director reportó que se haría. “Si el director nos dice que se hizo una banqueta, de tantos metros de largo por tantos de ancho, él va a comprobar ante la Subdirección de Mejoras el ejercicio del recurso". “Esta subdirección lo primero que tiene qué ver es si nosotros en Mantenimiento ya supervisamos, ya va el visto bueno de nosotros, respecto a la supervisión de la obra que dice el director que ya hizo". “Si no va a la supervisión, no le tienen por comprobado el recurso, lo regresan hasta que se supervise que se hizo la obra”.

LAS REGLAS

Quintero Russel abundó que para la nueva operación de este programa se hizo una mesa de trabajo en coordinación con el Gobernador del Estado y el Secretario de Educación, quienes acordaron que los recursos fueran directamente entregados a las escuelas. Este documento se empezó a trabajar desde noviembre del año pasado hasta marzo del actual, en el cual participaron en su elaboración autoridades del SEE, con asesoría de representantes de la Secretaría de Planeación y Finanzas y del Órgano de Fiscalización dependiente del Congreso del Estado. Refirió que este año se dispersaron alrededor de 180 millones de pesos como parte del Programa de Impulso Educativo en todos los centros escolares en el Estado, que son alrededor de 3 mil 300 en el Estado.

Entre éstos se encuentran preescolares, primarias, secundarias, telesecundarias, escuelas de educación indígena y Centros de Atención Múltiple, en donde el recurso que se entrega es proporcional a la matrícula de estudiantes. Cuando recién se identificaron las irregularidades en el manejo de los recursos, el Sistema Educativo licitó diferentes servicios que solicitaban las escuelas.

Ahora que se cuenta con este documento, aseguró que ya no se han hecho licitaciones porque se ha entregado directamente el recurso a los centros escolares. Este recurso es únicamente para servicio y mantenimiento de sus equipos e instalaciones, toda vez que existen partidas presupuestales que establecen en qué se pueden gastarlo.

Desde abril de este año se empezó a aplicar una modificación en los lineamientos para lo que hace un par de años se llamó la “Beca Progreso”, en la cual la Secretaría y Contraloría de Transparencia Gubernamental encontró desvíos. LA VOZ DE LA FRONTERA publicó el lunes que uno de los cuatro funcionarios inhabilitados tras resultar involucrado en ese ilícito reintegró al erario 450 mil pesos y que al faltante asciende a 1 millón 73 mil 674.

Por esta razón desde el interior del Sistema Educativo Estatal se definieron nuevas reglas para la operación del programa ahora llamado de Insumos y Mantenimiento para el Entorno Educativo. Nicolás Quintero Russel, director de Apoyos e Infraestructura Educativa del Sistema Educativo Estatal (SEE), explicó que lo que se hizo fue establecer reglas claras en su operación. Se fijaron nuevos compromisos por parte de los directores de los centros educativos beneficiados, con el fin de que los recursos se apliquen debidamente. Comentó que, por ejemplo, se añadió la leyenda de no negociable a los cheques que se emiten para el programa, lo cual significa que no se puede transferir por ningún medio mercantil a un tercero.

Ahora el recurso tiene que ser depositado a una cuenta bancaria que es mancomunada con el director y el presidente o tesorero del Consejo de Participación Social de la escuela beneficiada, por lo que éstos también deben de vigilar su aplicación. “Si no es en esa cuenta, no se puede transferir a un tercero ese cheque”.

EXCEPCIÓN ÚNICA

La única excepción se aplica en aquellos centros educativos donde no existen Bancos cerca, sin embargo se tiene que hacer un acuerdo entre el director del centro educativo beneficiado y el Consejo de Participación Social para ejercer, gastar y comprobar el recurso. Aquí el Consejo de Participación Social tiene dos momentos claves en el ejercicio y comprobación de los recursos, puntualizó, dado que el director tiene la obligación de informar al Consejo que el recurso llegó debido a que se requiere abrir la cuenta mancomunada. Ahí se deposita el recurso y se ponen de acuerdo en lo que se va a gastar. Una vez ejercido el recurso, los directores tienen la obligación de que esas facturas vayan antefirmadas por el Consejo.

El funcionario resaltó que ahora hay una tercera intervención de la autoridad educativa, la cual supervisa que en efecto se haya aplicado lo que el director reportó que se haría. “Si el director nos dice que se hizo una banqueta, de tantos metros de largo por tantos de ancho, él va a comprobar ante la Subdirección de Mejoras el ejercicio del recurso". “Esta subdirección lo primero que tiene qué ver es si nosotros en Mantenimiento ya supervisamos, ya va el visto bueno de nosotros, respecto a la supervisión de la obra que dice el director que ya hizo". “Si no va a la supervisión, no le tienen por comprobado el recurso, lo regresan hasta que se supervise que se hizo la obra”.

LAS REGLAS

Quintero Russel abundó que para la nueva operación de este programa se hizo una mesa de trabajo en coordinación con el Gobernador del Estado y el Secretario de Educación, quienes acordaron que los recursos fueran directamente entregados a las escuelas. Este documento se empezó a trabajar desde noviembre del año pasado hasta marzo del actual, en el cual participaron en su elaboración autoridades del SEE, con asesoría de representantes de la Secretaría de Planeación y Finanzas y del Órgano de Fiscalización dependiente del Congreso del Estado. Refirió que este año se dispersaron alrededor de 180 millones de pesos como parte del Programa de Impulso Educativo en todos los centros escolares en el Estado, que son alrededor de 3 mil 300 en el Estado.

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