Para prevenir delitos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene proyectado capacitar tanto a jueces cívicos como policías para implementar el Nacional de Policía y Justicia Cívica, para lo cual los municipios pueden acceder recursos, entre estos el de Mexicali.
Estela Silva Zapata, directora general de apoyo técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al participar en el banderazo de inicio del operativo “Rubicón”, explicó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción de acompañar a 50 municipios del país para que bajen sus índices delictivos, entre los cuales se encuentran la capital de Baja California y Tijuana.
La funcionaria federal indicó que lo que busca es tener un estado de fuerza óptimo respecto a los policías, así como en el caso de los jueces, de tal manera en que se atiendan los conflictos sociales entre la ciudadanía, para evitar que estos asciendan a ser delitos.
“Que los policías sean suficientes, que sea de proximidad, dignificar al policía, recuperar la confianza hacia el policía y cambiar de un sistema de justicia punitivo a uno restaurativo donde se pueda atender las causas que bajen los índices delictivos y que se pueda recuperar la confianza de la ciudadanía en la policía”, abundó.
También se pretende que las personas que cometan alguna irregularidad puedan hacer trabajo comunitario para corregirlo, además de que se pueda atender las causas y revisar y atender y averiguar los motivos por los que las personas que manifiestan conducta antisocial.
“Que no sea una cuestión recaudatoria que se tenga que ir directamente al pago de multas o arrestos, como lo hacen los jueces de barandilla, ahora el juez cívico lo que va a hacer es devolver a la sociedad que la solución de este conflicto sea que la persona que causa una falta administrativa; se les tiene que capacitar, en materia de resolución de conflictos, en restaurativa en lugar de recaudatoria”
Son los municipios los que deben de presentar un proyecto en este sentido ante los gobiernos de los Estados, para después acceder a recursos e implementar juzgados cívicos. Las capacitaciones serían a través de las academias certificadas por el secretariado ejecutivo, aclaró.
