/ jueves 31 de agosto de 2023

Comparece secretario de Seguridad Ciudadana ante la JUCOPO en el Congreso del Estado

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Aguilar Durán quien dio cuenta de su informe ante los diputados presentes en la sesión, en donde fue cuestionado acerca de los avances de las cámaras de vigilancia

La mañana de este jueves se llevó a cabo la sesión de comparecencia, ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Aguilar Durán quien dio cuenta de su informe ante los diputados presentes en la sesión, en donde fue cuestionado acerca de los avances de las cámaras de vigilancia, la viabilidad de la reforma para que los policías porten su arma fuera servicio entre otras cuestiones.

Tras la aprobación en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de que los policías puedan portar su arma de fuego fuera de sus horas de servicio, Aguilar Durán señaló que en la ley de armas de fuego y explosivos dice que nadie puede portar salvo quien tenga la licencia, ya que el arma no es del policía, sino del estado siendo este un instrumento de trabajo, por lo cual en el momento que deje de trabajar la tiene que guardar y no debe haber autorización para que esa persona se la lleve a su domicilio.

“En el ejército el soldado, termina su actividad y guarda su arma en el armario del batallón, en el regimiento del cuartel y se va a su casa desarmado y obviamente no estamos transgrediendo una garantía individual de que todos los mexicanos pueden portar arma en su legítima defensa, como policía debe poseer su arma de legítima defensa en su casa, dentro de los cánones permitidos”.

Así mismo, mencionó que las armas de licencia colectivas son prohibidas incluso para las fuerzas armadas, fuera de sus funciones, entonces para portar armas fuera de sus funciones debe solicitar a la Secretaría de Gobernación y que lo autorice.

“Las armas de las licencias colectivas son para la seguridad pública, entonces yo les pregunto, señores diputados, si un policía está en su casa está haciendo una función de seguridad pública, pues no, si se quiere ayudar a ese sector que no deja de tener riesgo, se debe elevar al congreso federal para que haga las modificaciones de ley que correspondan”, agregó.

Vicente Guerra | La Voz de la Frontera

Además explicó, que si se hace esa modificación a la ley estatal lo que va a pasar es que van a poner en indefensión al policía ya que con la ley estatal podrá portar su arma pero no estará estipulado en la ley federal.

“El policía va a creer que con la ley estatal va a poder portar su arma, va a llegar el ejército, la marina, la guardia nacional o la fiscalía general de la república lo detiene y no lo va a consignar al fuero común, lo va a consignar al fuero federal, porque es una violación a la ley federal de fuegos y explosivos, en ves de ayudarle los vamos a perjudicar”. aseveró.

De igual forma platicó que la aplicación de la norma para las medidas de prevención en bares y antros, le corresponde a los municipios, pues ellos son los encargados de aplicar el bando y buen gobierno, a lo cual a la secretaría le corresponde la certificación de los guardias y que las empresas cumplan con esa certificación sin embargo, mientras que las empresas no lo soliciten no pueden realizar dicha capacitación.

“Nosotros como autoridad debemos ser facilitadores de la norma, que por nosotros no quede que no se cumplió, tenemos 78 establecimientos que se han acercado para capacitar, e instalar botones de pánico, en Mexicali ya solicitaron los botones de pánico, respecto a las cámaras se tiene que verificar que los municipios lo cumplan”.

También comentó que hay 4 mil cámaras para ponerse en el programa de vigilancia, las cuales se esperan que estén listas de septiembre a noviembre y otras 6 mil cámaras de la iniciativa privada, en donde se buscará que todas tengan conexión con el Centro de Control, Cómputo y Comando (C4) a nivel estado para poder resguardar las imágenes.

En cuanto al cuestionamiento que le hizo la diputada Aracely Geraldo sobre los grandes índices delictivos en la zona Este de Tijuana, el secretario respondió que ha habido una ausencia de autoridad, por lo cual se está actuando de manera conjunta con el gobierno federal, estatal y municipal para ir ocupando espacios que se fueron dejando y que la delincuencia fue aprovechando.

“Hemos llevado a cabo la presencia de la fuerza estatal a los mercados sobre ruedas a lo que el fenómeno de cobro de piso es un delito que desgraciadamente todos saben, todos lo viven pero nadie denuncia y a veces las autoridades no podemos actuar si no hay una denuncia, es un grupito de delincuentes que aprovechándose del nombre, meten el temor al ciudadano, eso sucede en todo el estado”.

El secretario de seguridad externó que en la cuestión de San Quintín se está terminando el C4 con doscientas cámaras, de igual manera en San Felipe, además de un Centro de Justicia para las Mujeres, en donde se está coordinando con las autoridades, trabajando desde el origen del delito, con el sector salud y con la policía municipal.

“Estamos trabajando en un Centro Estatal de Prevención para atender ciertos sectores, para tener un fruto más grande para que en un tiempo próximo empiece a dar resultado a mediano, largo y muy largo plazo ya que estamos trabajando con los niños, con jóvenes, con la gente que todavía puede aprender y que no está maleada y que podemos rescatar desde sus raíces para que no sea un futuro delincuente”.

Luego de ser cuestionado por la diputada Daylín García Ruvalcaba por la instalación de cámaras de seguridad, el secretario informó que Mexicali tiene programadas 1 mil 200 cámaras, teniendo instaladas 1 mil 116, faltando 84, para Tijuana son 1 mil 600 cámaras, teniendo 1 mil 324 cámaras, faltando 276, para Ensenada serán 640 cámaras, llevando instaladas 146, en Playas de Rosarito se destinarán 200 cámaras de las cuales no se ha instalado ninguna, en Tecate, 200 cámaras de las cuales van 128 instaladas, San Felipe con 200 cámaras y San Quintín 200, las cuales están pendientes por instalar.

“Tener ese equipo requiere mayor personal, que no se contempló y se requiere capacitación de personal, precisamente para poner en práctica todo, son cuatro mil cámaras nuevas, más rehabilitación de otras cámaras más las del municipio, las cuales no estaban contempladas, pero hay que sumar, no podemos ser mezquinos”.

También comentó que en el caso de Tecate se encuentra el Instituto de Capacitación para los policías, a lo cual los menos capacitados son los del municipio, lo cual se le ha mencionado al presidente municipal.

En Tecate aún hay muchas carencias y se lo hemos hecho ver al presidente municipal, que solo no va a llegar ni a la esquina y le hemos hecho ver como se puede solucionar su problema de los policías, como se tiene que trabajar, no podemos trabajar con una policía que no está capacitada”.

Finalmente, indicó que de los elementos asignados a funcionarios y periodistas son 57, de lo cual a partir del primero de enero ya no habrá ningún escolta para iniciativa privada ya que la ley de armas de fuego y explosivos, dice que el armamento de los policías son para la seguridad pública y no privada.

“Estamos diciéndoles el padrón de seguridad privada que cumplen con la norma para que ellos de acuerdo a su conveniencia y bolsillo escojan el que quieran y los periodistas que tenemos son tres, pero eso por mandamiento judicial que es diferente ellos si continuarán”, concluyó.

La mañana de este jueves se llevó a cabo la sesión de comparecencia, ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Aguilar Durán quien dio cuenta de su informe ante los diputados presentes en la sesión, en donde fue cuestionado acerca de los avances de las cámaras de vigilancia, la viabilidad de la reforma para que los policías porten su arma fuera servicio entre otras cuestiones.

Tras la aprobación en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de que los policías puedan portar su arma de fuego fuera de sus horas de servicio, Aguilar Durán señaló que en la ley de armas de fuego y explosivos dice que nadie puede portar salvo quien tenga la licencia, ya que el arma no es del policía, sino del estado siendo este un instrumento de trabajo, por lo cual en el momento que deje de trabajar la tiene que guardar y no debe haber autorización para que esa persona se la lleve a su domicilio.

“En el ejército el soldado, termina su actividad y guarda su arma en el armario del batallón, en el regimiento del cuartel y se va a su casa desarmado y obviamente no estamos transgrediendo una garantía individual de que todos los mexicanos pueden portar arma en su legítima defensa, como policía debe poseer su arma de legítima defensa en su casa, dentro de los cánones permitidos”.

Así mismo, mencionó que las armas de licencia colectivas son prohibidas incluso para las fuerzas armadas, fuera de sus funciones, entonces para portar armas fuera de sus funciones debe solicitar a la Secretaría de Gobernación y que lo autorice.

“Las armas de las licencias colectivas son para la seguridad pública, entonces yo les pregunto, señores diputados, si un policía está en su casa está haciendo una función de seguridad pública, pues no, si se quiere ayudar a ese sector que no deja de tener riesgo, se debe elevar al congreso federal para que haga las modificaciones de ley que correspondan”, agregó.

Vicente Guerra | La Voz de la Frontera

Además explicó, que si se hace esa modificación a la ley estatal lo que va a pasar es que van a poner en indefensión al policía ya que con la ley estatal podrá portar su arma pero no estará estipulado en la ley federal.

“El policía va a creer que con la ley estatal va a poder portar su arma, va a llegar el ejército, la marina, la guardia nacional o la fiscalía general de la república lo detiene y no lo va a consignar al fuero común, lo va a consignar al fuero federal, porque es una violación a la ley federal de fuegos y explosivos, en ves de ayudarle los vamos a perjudicar”. aseveró.

De igual forma platicó que la aplicación de la norma para las medidas de prevención en bares y antros, le corresponde a los municipios, pues ellos son los encargados de aplicar el bando y buen gobierno, a lo cual a la secretaría le corresponde la certificación de los guardias y que las empresas cumplan con esa certificación sin embargo, mientras que las empresas no lo soliciten no pueden realizar dicha capacitación.

“Nosotros como autoridad debemos ser facilitadores de la norma, que por nosotros no quede que no se cumplió, tenemos 78 establecimientos que se han acercado para capacitar, e instalar botones de pánico, en Mexicali ya solicitaron los botones de pánico, respecto a las cámaras se tiene que verificar que los municipios lo cumplan”.

También comentó que hay 4 mil cámaras para ponerse en el programa de vigilancia, las cuales se esperan que estén listas de septiembre a noviembre y otras 6 mil cámaras de la iniciativa privada, en donde se buscará que todas tengan conexión con el Centro de Control, Cómputo y Comando (C4) a nivel estado para poder resguardar las imágenes.

En cuanto al cuestionamiento que le hizo la diputada Aracely Geraldo sobre los grandes índices delictivos en la zona Este de Tijuana, el secretario respondió que ha habido una ausencia de autoridad, por lo cual se está actuando de manera conjunta con el gobierno federal, estatal y municipal para ir ocupando espacios que se fueron dejando y que la delincuencia fue aprovechando.

“Hemos llevado a cabo la presencia de la fuerza estatal a los mercados sobre ruedas a lo que el fenómeno de cobro de piso es un delito que desgraciadamente todos saben, todos lo viven pero nadie denuncia y a veces las autoridades no podemos actuar si no hay una denuncia, es un grupito de delincuentes que aprovechándose del nombre, meten el temor al ciudadano, eso sucede en todo el estado”.

El secretario de seguridad externó que en la cuestión de San Quintín se está terminando el C4 con doscientas cámaras, de igual manera en San Felipe, además de un Centro de Justicia para las Mujeres, en donde se está coordinando con las autoridades, trabajando desde el origen del delito, con el sector salud y con la policía municipal.

“Estamos trabajando en un Centro Estatal de Prevención para atender ciertos sectores, para tener un fruto más grande para que en un tiempo próximo empiece a dar resultado a mediano, largo y muy largo plazo ya que estamos trabajando con los niños, con jóvenes, con la gente que todavía puede aprender y que no está maleada y que podemos rescatar desde sus raíces para que no sea un futuro delincuente”.

Luego de ser cuestionado por la diputada Daylín García Ruvalcaba por la instalación de cámaras de seguridad, el secretario informó que Mexicali tiene programadas 1 mil 200 cámaras, teniendo instaladas 1 mil 116, faltando 84, para Tijuana son 1 mil 600 cámaras, teniendo 1 mil 324 cámaras, faltando 276, para Ensenada serán 640 cámaras, llevando instaladas 146, en Playas de Rosarito se destinarán 200 cámaras de las cuales no se ha instalado ninguna, en Tecate, 200 cámaras de las cuales van 128 instaladas, San Felipe con 200 cámaras y San Quintín 200, las cuales están pendientes por instalar.

“Tener ese equipo requiere mayor personal, que no se contempló y se requiere capacitación de personal, precisamente para poner en práctica todo, son cuatro mil cámaras nuevas, más rehabilitación de otras cámaras más las del municipio, las cuales no estaban contempladas, pero hay que sumar, no podemos ser mezquinos”.

También comentó que en el caso de Tecate se encuentra el Instituto de Capacitación para los policías, a lo cual los menos capacitados son los del municipio, lo cual se le ha mencionado al presidente municipal.

En Tecate aún hay muchas carencias y se lo hemos hecho ver al presidente municipal, que solo no va a llegar ni a la esquina y le hemos hecho ver como se puede solucionar su problema de los policías, como se tiene que trabajar, no podemos trabajar con una policía que no está capacitada”.

Finalmente, indicó que de los elementos asignados a funcionarios y periodistas son 57, de lo cual a partir del primero de enero ya no habrá ningún escolta para iniciativa privada ya que la ley de armas de fuego y explosivos, dice que el armamento de los policías son para la seguridad pública y no privada.

“Estamos diciéndoles el padrón de seguridad privada que cumplen con la norma para que ellos de acuerdo a su conveniencia y bolsillo escojan el que quieran y los periodistas que tenemos son tres, pero eso por mandamiento judicial que es diferente ellos si continuarán”, concluyó.

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