A consecuencia de que cada vez más el Congreso del Estado complica las condiciones para cubrir los puestos que están vacantes dentro del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), actualmente solo está haciendo solo un acto de simulación, ya que no demuestran un interés en erradicar los actos de impunidad.
Así lo consideró la activista que ha velado por la implementación de dicho sistema, Fernanda Flores Aguirre, quien recordó que a la fecha sigue sin designarse un Fiscal Anticorrupción, después de que la que había resultado como titular renunciara a finales de enero de este año.
Todo empezó desde que inició la gestión actual del congreso bajacaliforniano, el cual con la mayoría morenista votó para retirarle la facultad al Comité de Participación Ciudadana del SEA, al eliminar la Comisión Especial, con lo cual le quitó la posibilidad a los ciudadanos de inferir en el nombramiento del fiscal anticorrupción, así como del magistrado anticorrupción y de un auditor general.
Flores lamentó que todavía no se definen fechas límites para designar los cargos, a lo cual los legisladores culpan al mismo Comité de Participación Ciudadano y hasta a la sociedad civil de no encontrar los candidatos, sin embargo estos pudieran presionar y dar seguimiento para consolidar el SEA.
Es decir, el problema viene desde el mismo congreso, comentó, en donde los legisladores solo han querido desviar la atención de manera mediática con declaraciones que van en contra de sus opositores, pero no han sancionado debidamente cuando se trató del asunto de los “moches”, a lo cual le dieron carpetazo.
En últimas fechas, recordó, nomás hablan en contra del ex gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, cuya popularidad ya está golpeada desde hace tiempo.
Mientras tanto, en el caso de los moches, en el cual estuvieron involucrados la ex secretaria de Bienestar Social, Cynthia Gissel García Soberanes y el ex oficial mayor del estado, Jesús Damián Núñez, se les trató de acreditar que García tenía negociaciones con un empresario para entregarle contratos con el gobierno a cambio de dinero una vez que iniciara la administración de Bonilla Valdez, cinco meses después de iniciada la investigación, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que no había elementos suficientes para ejercer acción penal.
“Quieren combatir la corrupción pero no generan los espacios y no generan la normatividad para que realmente se pueda cumplir, entonces eso y hacer nada es exactamente lo mismo”.
“No estamos hablando de un verdadero combate a la corrupción mientras no haya normatividad y los puestos no estén bien establecidos y mientras no se investigue desde casa”.
