Durante los últimos días la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm) ha suspendido el servicio de suministro de agua a empresas de una forma arbitraria y fuera de la ley, según lo denunciaron líderes empresariales.
En rueda de prensa las delegaciones en Mexicali de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Index, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), sus representantes manifestaron su rechazo contra estas medidas que consideraron que afecta a la población mexicalense y que inhibe la posibilidad de invertir en esta ciudad.
Francisco Javier Sánchez Pérez, presidente de la Anade sección Baja California, explicó que durante los últimos meses la Cespm ha violentado la ley en la manera de exigir el cobro de diversas contribuciones y derechos, como lo ha sido el pago por derechos de conexión, volúmenes de agua no contabilizada, problemas con medidores, tomas clandestinas o falta de medidores y permisos para descarga de aguas residuales y químicos contaminantes.
El requerimiento de pago lo ha exigido la Cespm con métodos que están fuera de la ley, afirmó, toda vez que el personal de la Cespm llega a las empresas sin presentar una orden de inspección, ya que así lo establece la Constitución en los artículos 14 y 16.
El órgano operador del agua está exigiendo el pago inmediato entre las 24 o 72 horas, cuando la ley les permite 15 días para poder acudir a la defensa y en ese mismo lapso otorgar garantías para que no sufran la suspensión del servicio.
“Estas empresas han acudido a litigios, en algunos casos han obtenidos las suspensiones, en otros casos ya está pagado se esperan hasta que terminen los litigios que pueden durar hasta de 1 a 3 años”.
De igual manera, dijo que la Cespm no está permitiendo el derecho de audiencia para las empresas y que no hay estudios o manera formal de definir los volúmenes del supuesto adeudo, del que además en varios casos están cobrando lo pendiente de hace más de 20 años, cuando la ley solo permite cobrar los créditos fiscales generados en los últimos 5 años.
“Se están excediendo en el tiempo, se están yendo 10, 20 años y aún así algunos empresarios han conservado esta documentación, la han aportado ante las autoridades en una audiencia informal que no está dentro de ley y obviamente no son tomadas en cuenta”.
El abogado además resaltó que la empresa Fisamex, la cual fue contratada por la autoridad estatal para realizar auditorías para definir el costo de las supuestas deudas, no debería de tener la facultad de realizar dicha acción al no ser una autoridad.
“La ley no da la posibilidad de que la Cespm, gobierno del estado o recaudación de rentas pueda delegar o pueda transferir esta posibilidad de poder llevar a cabo las revisiones o las determinaciones de los supuestos adeudos que tengan las empresas”.
Por lo pronto, dijo que no planea el sector empresarial de Mexicali realizar una demanda colectiva, ya que cada empresa decidirá de manera independiente cómo reaccionará ante las exigencias de la Cespm.
