Conductores y repartidores de plataformas digitales colocaron candados en las puertas del edificio del Gobierno del Estado.
De este modo protestan contra la nueva Ley de Movilidad, creada por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez y aprobada por los diputados locales, en la que se contempla castigo de 6 meses a 2 años de cárcel a quienes ofrezcan servicios de transporte sin los permisos emitidos por la autoridad estatal.
Con estas sanciones, los trabajadores del volante de compañías como Uber o Didi consideran que se criminaliza su labor.
Las protestas comenzaron desde la tarde del martes cuando los mismos conductores colocaron cadenas en las oficinas de Recaudación de Rentas.
La petición es una mesa de diálogo con el Gobernador del Estado para plantearle la necesidad de que modifique la recién creada y aprobada Ley de Movilidad.
