/ jueves 10 de octubre de 2019

Hasta las últimas consecuencias por gubernatura de 2 años; Coparmex

"El hecho de que estén costeando los diputados la famosa consulta habla un poquito de que son juez y parte"

Tijuana.- Se llegará hasta las últimas consecuencias en el caso de la ampliación de la gubernatura de Baja California, ya que se debe respetar el periodo de dos años, indicaron autoridades de la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana).

Armando León Ptacnik, presidente de Coparmex Baja California desmintió que se haya cambiado el periodo de la gubernatura. "No habido esa modificación a lo aprobado en la constitución en el año del 2014".

"Nosotros no tenemos interés particular en que sean dos, tres, cuatro, cinco o seis años, eso verdaderamente es irrelevante, lo que nosotros tenemos interés es que se respete el marco jurídico que estableció y definió perfectamente y quedo asentado en nuestra constitución que el periodo es de dos años, nos guste o no nos guste es lo que determina la ley y en ese sentido es lo que nosotros estamos defendiendo y vamos a seguir hasta la última instancia; los recursos tendrán que llegar finalmente a la Suprema Corte de Justicia", apuntó.

En el caso de que se aprobará el periodo por cinco años, León Ptacnik, afirmó que impugnarán la decisión; en lo que refiere a los diputados de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, los cuales declararon que serán ellos quienes carguen con el gasto de la encuesta ciudadana que desean realizar para conocer la opinión pública sobre la ampliación del periodo de gobernación, expresó.

"El hecho de que estén costeando los diputados la famosa consulta habla un poquito de que son juez y parte, es decir, ellos van a determinar donde se van a poner las urnas, en que sectores se van a poner las urnas; la pregunta que hacen obliga a responder que queremos cinco años".

"No tienen porque pagar los diputados una consulta ciudadana, si ellos se hubieran ido al marco legal de hacer una consulta popular que excluye el tema electoral, es el Instituto Electoral con sus presupuestos quien lleva a cabo la consulta, quien determina donde y que incluso define la pregunta que debe de hacerse; esta fuera del orden jurídico, cae en lo ilegal y además tratando de hacerlo vinculatorio", concluyó.

Tijuana.- Se llegará hasta las últimas consecuencias en el caso de la ampliación de la gubernatura de Baja California, ya que se debe respetar el periodo de dos años, indicaron autoridades de la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana).

Armando León Ptacnik, presidente de Coparmex Baja California desmintió que se haya cambiado el periodo de la gubernatura. "No habido esa modificación a lo aprobado en la constitución en el año del 2014".

"Nosotros no tenemos interés particular en que sean dos, tres, cuatro, cinco o seis años, eso verdaderamente es irrelevante, lo que nosotros tenemos interés es que se respete el marco jurídico que estableció y definió perfectamente y quedo asentado en nuestra constitución que el periodo es de dos años, nos guste o no nos guste es lo que determina la ley y en ese sentido es lo que nosotros estamos defendiendo y vamos a seguir hasta la última instancia; los recursos tendrán que llegar finalmente a la Suprema Corte de Justicia", apuntó.

En el caso de que se aprobará el periodo por cinco años, León Ptacnik, afirmó que impugnarán la decisión; en lo que refiere a los diputados de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, los cuales declararon que serán ellos quienes carguen con el gasto de la encuesta ciudadana que desean realizar para conocer la opinión pública sobre la ampliación del periodo de gobernación, expresó.

"El hecho de que estén costeando los diputados la famosa consulta habla un poquito de que son juez y parte, es decir, ellos van a determinar donde se van a poner las urnas, en que sectores se van a poner las urnas; la pregunta que hacen obliga a responder que queremos cinco años".

"No tienen porque pagar los diputados una consulta ciudadana, si ellos se hubieran ido al marco legal de hacer una consulta popular que excluye el tema electoral, es el Instituto Electoral con sus presupuestos quien lleva a cabo la consulta, quien determina donde y que incluso define la pregunta que debe de hacerse; esta fuera del orden jurídico, cae en lo ilegal y además tratando de hacerlo vinculatorio", concluyó.

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