/ martes 2 de febrero de 2021

Impugnará Coparmex resolución del IEEBC en el que declaran improcedencia contra “Ley gandalla”

Buscan que se le dé seguimiento a la petición de más de 60 mil bajacalifornianos

Por considerar que se atenta en contra de los intereses de los ciudadanos, la Coparmex impugnará la resolución que emitió el consejo del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) en la que declara la improcedencia de la realización de un referéndum en contra de la llamada Ley Gandalla, la cual permite a representantes populares reelegirse sin dejar su cargo público.

En rueda de prensa encabezada por Octavio Sandoval López, presidente de la Coparmex de Mexicali, lamentó que únicamente uno de los consejeros votó a favor de la procedencia del referéndum, ya que el resto de los consejeros votaron en contra de la iniciativa ciudadana que buscaba cuestionarle a los votantes del próximo proceso electoral si están de acuerdo en que los servidores públicos sigan ostentando el cargo y a la vez participar en las campañas electorales.

Sandoval reiteró que no están en contra de la reelección, sino de la situación en desventaja que tienen las personas que busquen ser electas en un proceso electoral contra aquellas que ya ostentan un cargo público y que pueden continuar en el mismo mientras participan en el proceso de una campaña.

Por su parte, Guillermo Rivera, consejero jurídico del organismo empresarial explicó que esta tercera etapa en la que se definió la procedencia o improcedencia, el instituto de una manera muy formal y con un criterio jurídico muy rígido, en el que no se utilizó ningún elemento pro persona, pro democracia o a favor de la participación de la ciudadanía, se determinó como improcedente el referéndum debido a una reforma que se aprobó el año pasado que calificó como cosmética, al haberse modificado ciertos artículos.

Esa reforma es superficial, dijo, ya que el único cambio que tuvo fue su redacción con perspectiva de género, tomando en cuenta los conceptos de diputados y diputadas, regidores y regidoras, etcétera, pero no se modificaron las reformas de fondo.

“Bajo esa lógica se modifica estos artículos de la Constitución y entonces señala que toda vez que hay un artículo en la Ley de Participación Ciudadana que dice que se podrá decretar la improcedencia del referéndum si se modifica la norma materia del referéndum, es decir que los artículos que fueron sujetos al referéndum y a las 62 mil firmas, como se modifican estos artículos, dicen que estamos en el supuesto de improcedencia”.

Señalan al Congreso

El consejero jurídico consideró que fue intencionado el cambio a la Ley de Participación Ciudadana que se hizo durante el 2020, lo cual interfirió en que el Instituto Estatal Electoral determinara la improcedencia.

“Obviamente nosotros consideramos que de manera simulada, de manera estratégica o fraudulenta los diputados modificaron cosméticamente los artículos para buscar que el IEE generara esta determinación”.

Rivera aseguró que hay suficientes elementos jurídicos que para que se impugne esta decisión del instituto, lo cual señalarán ante el Tribunal Electoral del Estado o ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomando en cuenta que en general la llamada “Ley Gandalla” no cambió.

“No cambió el estatus de que los diputados, alcaldes, regidores, pudieran pedir licencia sin dejar el cargo; esa parte quedó intacta, lo único que se cambió fue un tema cosmético como señalamos, no cambió la materia de los artículos y consideramos que es desatinada esta determinación”.

Por considerar que se atenta en contra de los intereses de los ciudadanos, la Coparmex impugnará la resolución que emitió el consejo del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) en la que declara la improcedencia de la realización de un referéndum en contra de la llamada Ley Gandalla, la cual permite a representantes populares reelegirse sin dejar su cargo público.

En rueda de prensa encabezada por Octavio Sandoval López, presidente de la Coparmex de Mexicali, lamentó que únicamente uno de los consejeros votó a favor de la procedencia del referéndum, ya que el resto de los consejeros votaron en contra de la iniciativa ciudadana que buscaba cuestionarle a los votantes del próximo proceso electoral si están de acuerdo en que los servidores públicos sigan ostentando el cargo y a la vez participar en las campañas electorales.

Sandoval reiteró que no están en contra de la reelección, sino de la situación en desventaja que tienen las personas que busquen ser electas en un proceso electoral contra aquellas que ya ostentan un cargo público y que pueden continuar en el mismo mientras participan en el proceso de una campaña.

Por su parte, Guillermo Rivera, consejero jurídico del organismo empresarial explicó que esta tercera etapa en la que se definió la procedencia o improcedencia, el instituto de una manera muy formal y con un criterio jurídico muy rígido, en el que no se utilizó ningún elemento pro persona, pro democracia o a favor de la participación de la ciudadanía, se determinó como improcedente el referéndum debido a una reforma que se aprobó el año pasado que calificó como cosmética, al haberse modificado ciertos artículos.

Esa reforma es superficial, dijo, ya que el único cambio que tuvo fue su redacción con perspectiva de género, tomando en cuenta los conceptos de diputados y diputadas, regidores y regidoras, etcétera, pero no se modificaron las reformas de fondo.

“Bajo esa lógica se modifica estos artículos de la Constitución y entonces señala que toda vez que hay un artículo en la Ley de Participación Ciudadana que dice que se podrá decretar la improcedencia del referéndum si se modifica la norma materia del referéndum, es decir que los artículos que fueron sujetos al referéndum y a las 62 mil firmas, como se modifican estos artículos, dicen que estamos en el supuesto de improcedencia”.

Señalan al Congreso

El consejero jurídico consideró que fue intencionado el cambio a la Ley de Participación Ciudadana que se hizo durante el 2020, lo cual interfirió en que el Instituto Estatal Electoral determinara la improcedencia.

“Obviamente nosotros consideramos que de manera simulada, de manera estratégica o fraudulenta los diputados modificaron cosméticamente los artículos para buscar que el IEE generara esta determinación”.

Rivera aseguró que hay suficientes elementos jurídicos que para que se impugne esta decisión del instituto, lo cual señalarán ante el Tribunal Electoral del Estado o ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomando en cuenta que en general la llamada “Ley Gandalla” no cambió.

“No cambió el estatus de que los diputados, alcaldes, regidores, pudieran pedir licencia sin dejar el cargo; esa parte quedó intacta, lo único que se cambió fue un tema cosmético como señalamos, no cambió la materia de los artículos y consideramos que es desatinada esta determinación”.

Local

Niña gobernadora llama a respetar los derechos de la niñez

Servidores públicos del gobierno del estado de Baja California participaron este viernes en el evento del Día de la Niña y del Niño Funcionaria y Funcionario, llevado a cabo en el Poder Ejecutivo Estatal, en Mexicali.

Local

Vinculan a proceso al maestro del niño Damián por omisión de auxilio 

El juez indicó que si el actuar del docente hubiera sido inmediato, probablemente no hubiera ocurrido su fallecimiento

Local

Registran sismo de 4.1 en el Valle de Mexicali

Hasta el momento Protección Civil no ha emitido informes en sus redes sociales sobre el evento.

Local

¿Te quedaste sin trabajo y tienes un crédito con el Infonavit? Aquí te decimos qué hacer

A partir del 2009, todos los préstamos otorgados por el organismo cuentan con un Seguro de Desempleo, el cual apoya a los acreditados que se encuentran en está situación.

Local

Investigan a agentes de la Fuerza Estatal

Persisten la tortura, allanamientos de morada y detenciones arbitrarias, afirma Ochoa 

Local

Piden que no se permita maltrato infantil con Ley Vicaría

Natalia Martínez, de la agrupación llamada Infancias Felices, explicó que el Congreso del Estado está creando una legislación que, según, discrimina a los menores, como lo es la Ley Vicaría.